A Liliana Medina, quien durante el juicio por el secuestro y desaparición de la joven fue acusada de regentear un prostíbulo en La Rioja, le dictaron la prisión preventiva por el transporte de estupefacientes.
Liliana Medina, absuelta en un fallo polémico y objetado en el juicio por el secuestro y sometimiento a la prostitución de María de los Angeles Verón, fue procesada en La Rioja por tráfico de drogas, informaron hoy fuentes judiciales.
La mujer, acusada de regentear un prostíbulo en La Rioja, recibió también la confirmación de la prisión preventiva por el transporte de estupefacientes.
La decisión fue adoptada ayer por el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena, en el marco de una causa iniciada en julio mientras se sustanciaba en Tucumán el juicio por la desaparición de Marita Verón.
Medina fue detenida junto a otras tres mujeres y un remisero, todos acusados de tráfico de drogas.
La causa se inició a raíz de que una adolescente, que viajaba desde Tucumán, fue arrestada en la terminal de micros de La Rioja cuando trasladaba una mochila con 800 gramos de cocaína distribuidos en 74 «tizas», que se supone iban a ser entregadas a Medina.
Medina se declaró inocente y dijo no tener ninguna relación con esa droga, pero quedó detenida en una cárcel riojana a la espera del juicio.
Esta mujer y otros doce imputados por el secuestro y sometimiento a la prostitución a Marita Verón fueron absueltos el 11 de diciembre por los jueces de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán.
El fallo unánime de los magistrados Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano recibió expresiones de repudio de representantes políticos y sociales.
En tanto, los abogados de Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida en 2002, presentaron el 27 de diciembre ante la Legislatura de Tucumán un pedido de juicio político y remoción contra los magistrados.
A raíz de esa presentación, el juez Herrera Molina renunció en forma «condicionada» al cargo, que mantendrá hasta tanto complete los trámites para su jubilación.
El expediente que acercaron los abogados José D’Antona y Carlos Garmendia incluye extractos del acta de las audiencias, denuncias sobre el «maltrato» que, aseguran, sufrieron las testigos de identidad reservada, escritos efectuados durante el proceso por supuestos errores en el trámite y copias de declaraciones periodísticas.
D’Antona dijo en aquella oportunidad que pidieron «la destitución de los tres jueces por las irregularidades cometidas durante los diez meses y medio de audiencias, por todas las violaciones que se cometieron al Código Penal y a otros tipos de normativas».
El escrito hizo hincapié en cuestionamientos a la conducta de los magistrados, pero no en el fallo absolutorio de fondo.
Este punto, informó, será motivo de una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que efectuarán en febrero tras la feria judicial.
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