El ministerio de Economía planteará este viernes ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York la posibilidad de suspender la Ley Cerrojo. Eso ocurriría si se cuenta con un fallo «sensato».
El Gobierno nacional presentará este viernes ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York un escrito en el que informará su intención de reabrir el canje de deuda, pero si el caso cuenta con un fallo «sensato» y diferente al planteado en un primer momento por el juez Thomas Griesa.
Este viernes comenzará un nuevo cronograma de exposiciones de argumentos que culminará a fines de febrero con una conclusión de las partes involucradas en el caso.
Según informa el diario El Cronista Comercial, el Ministerio de Economía estaría dispuesto a suspender temporalmente la Ley Cerrojo. Esa reglamentación impide que el canje sea reabierto. De esa manera, daría un nueva oportunidad de cambiar los bonos en default por títulos nuevos.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos aceptó este miércoles la solicitud del banco de inversión Puente, de presentarse como parte interesada, con lo que la Argentina pasó a engrosar la lista de terceros afectados, aliados, en el juicio del país contra los fondos buitre.
Tras esta aceptación, no se descarta que más bancos locales se presentan ante la Corte de EE.UU. para interceder a favor de la Argentina y lograr que se anule el fallo del juez Thomas Griesa, y la interpretación de dicha Corte de que el país violó el pari passu, esto es, el tratamiento igualitario a los acreedores.
Trascendió que Banco Piano y el Macro podrían ser parte de la lista de entidades locales interesadas. De esta forma, grandes acreedores y fondos de inversión, que representan el 93% de los acreedores que ingresaron al canje de la deuda, asociaciones de bancos de Estados Unidos, bancos de inversión locales, cámaras compensadoras, el agente de pago de la Argentina (Bank of New York), abarcan hasta el momento la lista de terceros afectados interesados en dar vuelta el fallo de Griesa, y admitidos por la Corte de Apelaciones.
No se descarta que se presenten ante la Corte con su visión expertos internacionales en la materia, debido a la trascendencia mundial que tiene este juicio, y la implicancias sobre otros países, en un contexto de crisis de deuda en el continente europeo. De hecho, ya se pronunciaron a nivel público voces como el Nobel del 2009 Nouriel Roubini, quien predijo la crisis del 2008, y la ex número dos del FMI, Anne Krueger.
Asimismo, y para reforzar la tesis de las implicancias a nivel internacional, el Gobierno de Estados Unidos, que ya presentó varios Amicus Curiae (documento «amigo del tribunal») a la calle Pearl al 500, donde se ubica el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, se aprestaría a pedir por estos días una nueva audiencia con los treces jueces «en banc», para que reconsidere totalmente la decisión de la Corte de Apelaciones del pasado 26 de octubre.
Se trata del mismo planteo que solicitó la Argentina tras conocer el fallo de 26 de octubre último de la Corte, que avaló la interpretación del pari passu que dio Griesa, si bien reparó en la fórmula de pago a los acreedores, ya que dicho juez determinó que los fondos buitre debían cobrar el 100% de sus acreencias con recursos del pago de los vencimientos de los bonos del canje de la deuda.
Esta última medida del pago, cuya aplicación fue frenada por la Corte, afecta al 93% de los acreedores que ingresaron en su momento al canje, quienes a través de grandes fondos de riesgo, como Gramercy y Fintech, pidieron una apelación para su beneficio, en el caso que inicialmente era de la Argentina contra los fondos buitre.
El fallo de Griesa provocó la rareza de que fondos de riesgo y acreedores pelearan ante la justicia de EE.UU. contra fondos de riesgo más agresivos, los fondos buitre, que litigan en contra del país.
En este contexto, donde la Argentina va ganando aliados en contra de los fondos buitre, el Gobierno se presentará el viernes con su posición en contra del fallo en cuestión, según el cronograma judicial, y ratificando el mecanismo de pago, de que los acreedores reciben el dinero en el país, y que por lo tanto Griesa no respetó jurisdicción con su determinación.
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