Luego del Decreto 2252, que firmó CFK, su ministro de Justicia Julio Alak detalló los alcances de la medida y aclaró que los actuales concesionarios ahora deberán pagarle al Estado; La Mesa de Enlace parará el 26 en repudio.
No es un acto de expropiación ni de confiscación, es una declaración de nulidad de un acto que le ocasionó una grave pérdida al patrimonio de la Argentina y su fundamento sustancial es el precio vil que, en su momento, el Estado Argentino pactó con directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA)». La explicación pertenece al ministro de Justicia de la Nación Julio Alak, que ayer dio una conferencia de prensa para desmentir que el Estado hubiera estatizado el predio ferial ubicado en el barrio de Palermo. En su lugar se trató de la directa anulación del Decreto PEN Nº 2699/91, donde el presidente Carlos Menem, le vendió a entidad agraria el predio que tenía hasta entonces en calidad de préstamo, por 30 millones de dólares. El precio, según demostró una década después el juez federal Sergio Torres, terminó siendo «vil», un término que ayer mencionó Alak, y que significa, según la Real Academia de la Lengua Española un valor, «bajo, despreciable, indigno, torpe e infame».
La calificación, que primero escribió Torres y ayer repitió Alak, no es un recurso literario, sino una referencia a los 30 millones de verdes que pagó la SRA, entonces presidida por Eduardo de Zavalía, por un terreno que había sido tasado el 9 de noviembre de 1990 por 943 millones de dólares, de acuerdo a la mesura firmada por el agrimensor Alberto Bichara, en calidad de asesor de la vieja Administración General de Inmuebles Fiscales, perteneciente al Ministerio de Economía de la Nación conducido por Domingo Felipe Cavallo a partir del 1 de marzo de 1991. El ex ministro, es uno de los 70 imputados en la causa que instruye Torres, y sus fundamentos forman parte del Decreto presidencial 2552, firmado el jueves por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para anular la cesión de las 12 hectáreas más codiciadas del casi bicentenario Parque 3 de Febrero.
La exposición del ministro, buscó profundizar los detalles del decreto y aclaró que el actual predio, uno de los más rentables del mercado ferial argentino, «no sufrirá modificaciones en su uso habitual, e incluso puede haber mejoras», aunque aclaró que de ahora en adelante, los nuevos empresarios que explotan el predio, deberán pagar el canon al Estado nacional, en vez de depositarlos a nombre de la SRA. Según una investigación de este diario, realizada hace un año, la entidad agraria les debía a las arcas federales, en 2011, más de 23,5 millones de dólares. Ese pasivo, contra la SRA, también fue mencionado por Alak, ya que el acuerdo firmado en 1991, sostenía que: «La falta de puntual cumplimiento por alguna de las partes dará derecho a (…) declarar resuelto el boleto de compra venta (…) o exigir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones pactadas.» Con la anulación del decreto presidencial del ’91, esos argumentos serán parte de los elementos que la Sociedad Rural buscará rebatir ante los tribunales, tras radicar una nueva presentación judicial para frenar el decreto que lleva la firma de Cristina Fernández y que ahora será motivo de disputa judicial en estrados Contenciosos y Administrativos del fuero federal. Según las esperanzas agrarias, encarnadas en el entrerriano Luis Miguel Etchevehere, que preside la SRA, la única vía para anular la operación de venta del predio de Palermo, sólo podría hacerse por vía judicial y no a través de un decreto presidencial. Sin embargo, los 70 cuerpos que instruye el juez federal Torres, podrían ser un freno ineludible ante la contraofensiva rural y una pieza clave para la explotación del predio que hace menos de un año abandonó el empresario y diputado nacional Francisco de Narváez a favor de Fénix Entertainment Group (FEG), en sociedad con el holding IRSA, perteneciente al broker Eduardo Elsztain, también accionista del Banco Hipotecario. FEG mantiene estrechas relaciones con una veintena de legisladores porteños del macrismo que, junto a IRSA, deberán pagar la explotación del predio al Estado nacional, debido a una causa judicial que originalmente fue impulsada por la Asociación Amigos del Lago de Palermo y donde hay 11 procesados, entre ellos Menem, Cavallo, De la Rúa y otros funcionarios nacionales y de la Rural, que nunca quisieron creer que el viejo predio que el presidente Domingo Faustino Sarmiento, le entregó a la Rural hace 130 años.
Fuente: (Tiempo Argentino)