La Asignación Universal por Hijo, una de las medidas con mayor grado de aceptación transversal en la sociedad y en un arco amplio de la dirigencia política, aplicada en un contexto de alta inflación apenas sirvió para compensar -por una sola vez- los fuertes incrementos de precios. Se trata de otro testimonio que evidencia que la inflación, más allá de que fue funcional a una política económica basada en sostener las cuentas fiscales y la competitividad de las empresas en base a “licuar” costos laborales y jubilaciones, es un fenómeno socialmente muy dañino.
Datos oficiales recientemente difundidos indican que los precios de la Canasta Básica Total registraron una variación del 17,8% entre octubre del 2010 y el mismo mes del año anterior. Llama la atención que este indicador, sospechado por las distorsiones y manipulaciones que sufre el INDEC, arroje un incremento de precios de bienes y servicios básicos tan alto. Se trata de otro indicio de que la inflación anual estaría más cerca de la banda de entre el 25% y 30% que sugieren las mediciones privadas, que el 11% de la medición oficial.
Desde el punto de vista social resulta muy pertinente comparar este crecimiento de los precios con la evolución de los ingresos de las familias. En este sentido, las mismas estadísticas oficiales señalan que entre el 2º trimestre del 2010 y el mismo período del 2009 los ingresos totales de los hogares se incrementaron en 22% en promedio. Esto estaría sugiriendo que los aumentos no llegarían a compensar el incremento de los precios.
Otra perspectiva importante es la desagregación de la información según estrato socioeconómico. En este sentido, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC entre el 2º trimestre del 2010 y el mismo período del año anterior se pudo observar que:
· El 30% de los hogares de mayor nivel de ingresos tuvo incrementos de ingresos totales del orden del 18%, casi en su totalidad explicado por los ingresos laborales.
· El 40% de los hogares de ingresos medios tuvo incrementos de ingresos totales del orden del 24%, asociado fundamentalmente a aumentos en los ingresos laborales y jubilaciones.
· El 30% de los hogares más pobres tuvo incrementos del orden del 29%, de los cuales 5 puntos porcentuales fueron explicados por la Asignación Universal por Hijo.
Los datos muestran cómo la inflación “licua” la capacidad de compra de los ingresos de los hogares. Aun cuando se disfrutó de un contexto económico muy favorable y las paritarias operaron de manera muy activa, los trabajadores perdieron capacidad de compra frente al persistente incremento de los precios. En el caso del 30% de los hogares de menores ingresos, parte de la licuación se mitigó gracias a que estas familias comenzaron a recibir la Asignación por Hijo. Este es el principal factor que explica que el incremento de los ingresos de los hogares pobres sea 5 puntos porcentuales más alto que el incremento de los hogares medios y altos. La Asignación Universal por Hijo apenas sirvió para compensar la erosión de los ingresos de los hogares más humildes que produjo la alta inflación.
Dicho de otra manera, durante el año 2010 la regresividad de la inflación no se explicitó en toda su dimensión debido al fuerte aumento del gasto asistencial. Sin embargo, se trata de un impacto puntual. En entornos de alta inflación, como el actual, las ayudas asistenciales compensan los aumentos de precios sólo en el momento que se crean, ya que luego se tienden a “licuar” al igual que los salarios y las jubilaciones. La única forma que las familias pobres podrían percibir sistemáticamente porcentajes de incremento de ingresos superiores al resto sería que permanentemente se les otorgue nuevas prestaciones asistenciales. Esto colisiona con las limitadas fuentes de financiamiento. Prueba de ello es que la Asignación por Hijo se financia con la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, con la apropiación de fondos pertenecientes a los futuros jubilados.
Desde la crisis del 2002, la inflación permitió recomponer las cuentas fiscales y la competitividad de las empresas “licuando” costos laborales y jubilaciones. Desde este punto de vista, fue un mecanismo para eludir transformaciones en las reglas de organización económica, política y social que contribuyan genuinamente a la solvencia fiscal y al aumento de la competividad. La contrapartida de esta actitud hipócrita, sustentada en el facilismo político, es que aun en un contexto internacional inéditamente favorable la decadencia social no se revierte.
