SCIOLI DESECHÓ PROYECTO Y AHORA GESTIONARÁ FONDOS ANTE PLANIFICACIÓN
El Gobierno del bonaerense Daniel Scioli desestimó ayer la opción de imponer una tasa de 10 centavos por la venta de cada litro de combustible para financiar obras viales, tras los duros cuestionamientos contra una modalidad que amenaza con extenderse -con el cordobés José Manuel de la Sota como principal destinatario- blandidos por el ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino.
El funcionario de Cristina de Kirchner anticipó la decisión de judicializar la generación de plus provinciales sobre los combustibles, mientras que su par de Planificación Federal, Julio De Vido, reveló que el Gobierno nacional concretará una presentación, junto a la empresa YPF, contra esas estrategias ante la Comisión Federal de Impuestos.
Por la tarde, el jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, reconoció que hay «algunas inhibiciones legales» que traban en Buenos Aires esa variante, que de esta manera fue desechada.
En esa línea, anticipó que buscarán «nuevas alternativas» para pagar obras en la red vial. «Vamos a usar diferentes políticas, que tienen que ver con la concesión de algunas rutas y otras que el Estado deberá poner en estado óptimo», afirmó.
«No se va a dar marcha atrás porque nunca fuimos adelante», advirtió Pérez.
En rigor, en los pasillos de La Plata no faltaron quienes aseguraron que el Gobierno de Scioli planteó de manera pública la posibilidad de instaurar la polémica tasa, como un mecanismo para intentar condicionar a la Casa Rosada para que salga a destrabar financiamiento para obras viales.
Según lo reconoció ayer el propio mandatario, en el marco de la Conferencia Industrial organizada por la UIA, la provincia necesita cerca de $ 3.000 millones por año para mejorar y ampliar las rutas bonaerenses.
En sintonía, el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, consideró que se viene «un momento de diálogo con el Ministerio de Planificación Federal -ayer se disponía a pedir la audiencia de rigor-, para ver qué piensa el Gobierno nacional con respecto a este tema».
La tasa en evaluación -blanqueada el pasado domingo por el propio Arlía- había generado además tensiones con una treintena de intendentes del conurbano, que pretendían aplicar una tasa comunal de ese tenor y que ahora deberán definir la postura que asumirán, frente al posicionamiento crítico de Balcarce 50.
Por de pronto, ayer Lorenzino rechazó terminantemente la posibilidad de que Ejecutivos locales apliquen impuestos adicionales a la venta de combustibles, y anticipó que Nación recurrirá a la Justicia para frenarlos por su carácter «inconstitucional».
En esa línea, anticipó que el Gobierno nacional «está viendo los cursos de acción», con epicentro en el caso de Córdoba, donde ya rige una tasa vial creada a instancias del peronista crítico De la Sota. «En las próximas horas estaremos tomando alguna determinación al respecto para actuar en consecuencia; al haber una inconstitucionalidad manifiesta en una norma, el camino que debe recorrerse es el de la Justicia», sentenció, mientras que ayer recibió la respuesta del Gobierno de De la Sota (ver aparte).
La reacción del funcionario de Cristina de Kirchner se dio luego de que desde la administración de Scioli revelaran que evaluaban aplicar una tasa de 10 centavos sobre la venta de cada litro de nafta y gasoil (además de GNC) en territorio provincial para nutrir un fondo para el mantenimiento de rutas.
En riesgosa escalada, previamente De la Sota cosechó en agosto en la Legislatura la creación de una tasa vial en Córdoba para abonar obras, que ya rige, y por la cual se pagan 40 centavos más por cada litro de nafta o gasoil premium, 30 centavos por la nafta súper y 20 por el gasoil común.
Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri (PRO) envió ayer a la Legislatura un proyecto de ley para financiar el traspaso del manejo de los subterráneos a la órbita porteña, que incluye un pago extra de 0,40 de peso por litro para nafta premium y el gasoil grado 3; de 0,30 de peso para nafta súper; de 0,20 de peso para gasoil grado 2 y otros combustibles líquidos de características similares; y de 0,15 de peso para el Gas Natural Comprimido.
En este marco, ayer Lorenzino admitió la «preocupación» del Gobierno nacional frente a este escenario, y apuntó parte de sus críticas contra De la Sota, quien comparte con Scioli y con Macri el carácter de presidenciable 2015.
Según el ministro, el mandatario mediterráneo se arroga facultades que «la Constitución determina claramente a favor de la Nación». «Lo escuché desgarrándose las vestiduras en defensa de la Constitución y las leyes, y en la Constitución se establece claramente la división de poderes en términos de facultades tributarias», disparó.
«A esta pseudotasa se la llama así, pero no queda ninguna duda de que se trata de un impuesto», recalcó, además de considerar «flagrante la inconstitucionalidad de un impuesto de esa naturaleza» y enfatizar que «no hay nada más regresivo que un impuesto de estas características».
«El absurdo es tal, que sólo podría compararse con una decisión del Gobierno nacional de decidir cobrar el Impuesto a las Patentes o el Inmobiliario Urbano o Rural», graficó, respecto del tributo que cobran los Ejecutivos provinciales.
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