Florencio Randazzo confirmó que habrá primarias el 14 de agosto próximo y hoy se reunirá con los camaristas electorales para analizar la aplicación de la ley 26.571 de reforma política. Detrás de esta fachada formal, hay una olla que está levantando presión. Néstor Kirchner impulsó esta intrincada ley ómnibus para potenciar al máximo la discrecionalidad del gobierno para manipular el proceso electoral y volver de paso a un esquema bipartidista. O sea, dos grandes primarias -del PJ y de la UCR- concentrando a la gran masa del electorado y luego una elección general de gran polarización, donde Kirchner pensaba imponerse por su capacidad de dar batalla y hacer campañas sucias.
Hoy el panorama es distinto. A CFK no le agrada el fuego cruzado de las campañas electorales. En el 2007 casi no hizo campaña. Se limitó a aparecer en algunos actos y el resto fue la publicidad de “Cristina, Cobos y vos”. Jamás aceptó polemizar ni discutir con nadie. Esta receta en el 2011 sería inaplicable. Pero si hay primarias el problema sería más grave. Si se presenta con lista única, la presidente corre el riesgo de generar apatía en los votantes. Una baja participación en la primaria sería grave, porque debilitaría su candidatura para la general. Pero, hoy por hoy, no tiene a quién ganarle. ¿Se prestará Juan Manuel Urtubey a hacer de sparring? En Olivos hay desconfianza: ¿Y si a último momento Eduardo Duhalde o Alberto Rodríguez Saá deciden presentarse en la interna del PJ? La presidente debería entonces soportar dos campañas electorales duras, cuando apenas soporta una. Además, el entorno presidencial cree en las encuestas que encarga. Si la presidente se mantiene alta en los números, ¿para qué arriesgarla en una primaria que se experimentará por primera vez? ¿Y si los antikirchneristas se presentan masivamente en la interna del PJ para derrotarla? ¿No sería mejor entonces -para el gobierno- suspender la aplicación de la ley y volver al viejo texto del Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos? De ser así, con un simple congreso del PJ a puertas cerradas se proclamaría la candidatura de Cristina y a otra cosa. La tentación está latente.
Motivos para que la ley no se aplique no faltan. De hecho, la mayor parte de los jueces electorales la consideran inaplicable y sólo la Cámara Nacional Electoral la defiende. Es que la ley amplió sus facultades y colocó los padrones a su cargo. La oscuridad de su texto en temas como las boletas, la publicidad de campaña, los avales de las listas y las candidaturas es insuperable. Con astucia, el Ejecutivo no reglamenta la ley para no hacerse cargo de algo que es obvio: una mala ley no se subsana con ningún reglamento. Cualquier juez electoral podría fallar sobre la inconstitucionalidad de la norma sin demasiado esfuerzo y esto sería el principio del fin. En sesiones extraordinarias -si las hay- el gobierno y la UCR podrían acordar la suspensión del nuevo esquema, es decir, su defunción, como ya ocurrió en el 2002 con la anterior ley de internas abiertas, sancionada para aumentar la participación ante el reclamo de “que se vayan todos”.
El ni de los radicales
Los radicales nunca ocultaron sus simpatías por esta reforma, porque incentiva el bipartidismo. Pero ahora verían más claramente sus trampas. Entre el 14 agosto -fecha de la primaria- y la elección general hay sólo nueve semanas. Una campaña tan corta beneficia al que concentra la mayor capacidad logística, es decir, el gobierno, que tendrá un candidato ya decidido. En cambio los radicales tienen una dura competencia interna que se definiría sólo contando los votos, lo que les dejaría mucho menos tiempo para armar la campaña nacional. La UCR -por boca de Ernesto Sanz y ahora de Oscar Aguad- quiere reformar la ley para adelantar la primaria a junio. Esto al gobierno no le conviene. El punto de acuerdo puede ser que directamente se suspenda la aplicación de la ley. Y si no hay acuerdo, el gobierno podría también hacer caer la norma si los jueces electorales la cuestionan.
La pregunta que surge es si suspendería la aplicación de toda la ley o sólo del Título Dos, que se refiere a las internas abiertas. No es una distinción menor. En el primer caso, la purga de partidos políticos que está en marcha también quedaría sin efecto. Hoy están cerca de la caducidad alrededor de la mitad de los partidos nacionales y unos 200 partidos de distrito, que no alcanzan a cumplir con los requisitos del piso de afiliaciones que exige la 26.571. Si se suspende la aplicación de la ley, se multiplicaría el número de partidos que presentarían listas. Esta dispersión de votos, ¿favorecería al gobierno o a la oposición? Hoy es difícil saberlo, pero en el 2005, el 2007 y el 2009, el gobierno tomó medidas que facilitaban la multiplicación de partidos, porque Kirchner estaba convencido de que esto dispersaba a la oposición y no al oficialismo. Por ejemplo, si la ley se cae, en Olivos dan por descontado que Elisa Carrió se presentará fracturando el electorado del Acuerdo Cívico y Social. Con primarias, la jefa de la Coalición Cívica tiene un panorama mucho más complicado.
Nadie puede mover
De este modo, el gobierno ha instalado un juego de suspenso que inmoviliza a todos, incluyendo al propio oficialismo. Veamos:
* Los gobernadores peronistas están paralizados. Si hay primarias el 14 de agosto, en julio estaremos en plena campaña- Ellos deberían entonces decidir rápidamente si van a acompañar a CFK o si seguirán el camino de Mario Das Neves y Urtubey adelantando las elecciones locales para el primer semestre. Pero si no se aplica la reforma tendrán más tiempo para maniobrar.
* Macri va y viene todos los días manejando múltiples hipótesis sobre adelantar la elección porteña, unificarla con la nacional, esperar hasta último momento, etc. Sin primarias, él también se liberaría de ese problema para su candidatura presidencial.
* Duhalde, Das Neves y Rodríguez Saá saben lo costoso y complicado que será hacer una primaria y luego una campaña general. Si la ley se cae, la candidatura de cualquiera de ellos se oficializaría en una cumbre de dirigentes.
* Pino Solanas también sufre por el suspenso. Proyecto Sur no es un partido fuerte en el interior y organizar una primaria nacional no le resulta sencillo.
* Carrió, como señalamos, sería una gran beneficiaria de la suspensión, porque la debilidad de su estructura partidaria promete serios problemas para una primaria. Su chance de crecer pasa por ir directamente a la elección general.
Fuente: Por Carlos Tórtora para el Informador Público