La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, pidió hoy investigar las supuestas irregularidades en las contrataciones que se realizaron para el saneamiento del Riachuelo y por la cual está imputado el juez de esa jurisdicción Luis Armella, quien fue recientemente separado del caso por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Fuentes judiciales informaron que la fiscal pidió ante el juez federal Manuel Blanco emprender una investigación en torno a la actuación del magistrado y solicitó una gran cantidad de medidas para avanzar en la pesquisa.
Esta es una de las causas que pesan sobre Armella a raíz de una denuncia que hizo el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de La Plata Julio Piaggio.
Por los mismos hechos, Armella recibió una denuncia penal por parte del Gobierno por sospechas de que un grupo de empresas vinculadas al magistrado obtuvieron contratos millonarios sin licitación para realizar las tareas de saneamiento del Riachuelo.
La fiscal Cavallo pidió copia del informe realizado por la Auditoría General de la Nación, que confirmó las irregularidades en las contrataciones, al tiempo que solicitó al juez Blanco que libre oficios para conseguir «toda la normativa referida al Régimen de Compras y Contrataciones de la ACUMAR».
También pidió copias del manual de Compras y Contrataciones del CEAMSE de febrero de este año, así como los expedientes vinculados a las contrataciones directas que constan en AySA.
Cavallo también solicitó a la Inspección General de Justicia y a Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires la documentación de algunas firmas que intervinieron en el proceso de saneamiento.
El juez Armella fue separado hace semanas por la Corte de la causa luego de un informe de la AGN que daba cuenta de irregularidades en su accionar, a partir de la contratación de empresas en la causa en la cual el máximo tribunal delegó el control del proceso de saneamiento.
Al juez se lo acusa de los delitos de «estafa contra la administración pública», «violación de los deberes de funcionario público», y «negociaciones incompatibles con la función pública».
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