(EFE).- El Gobierno de Colombia hará uso de todas las herramientas jurídicas para defender la soberanía del archipiélago de San Andrés y sus aguas, incluida la posibilidad de retirarse del pacto de Bogotá, por el que en 1948 este país aceptó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Así lo manifestó hoy la canciller colombiana, María Ángela Holguín, antes de atender un debate ante el Senado, donde explicó las medidas que adoptará el Gobierno ante el fallo de la CIJ, que el lunes trazó una nueva frontera entre Colombia y Nicaragua, con la consiguiente pérdida de territorio marino para el país suramericano.
«Estamos estudiando seriamente retirarnos del Pacto de Bogotá», suscrito en 1948, dijo la ministra, al reiterar su rechazo hacia la decisión de la Corte.
En el fallo, la CIJ redefinió la frontera marítima en el mar Caribe entre Colombia y Nicaragua, al conceder parcialmente a cada país algunas de sus reclamaciones.
A Colombia le otorgó siete cayos en disputa pertenecientes al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe; a Nicaragua le dio más territorio marítimo en un área rica en pesca y recursos naturales.
«No nos vamos a resignar a lo que ha pasado. Llamo a la tranquilidad de que ésta no la vamos a pasar así nada más», añadió la ministra, al advertir de que se agotarán «todas las herramientas posibles, que las da además la misma Corte».
Ya en el debate del Senado, Holguín señaló que el Gobierno estudia los mecanismos que da la misma Corte para «defender a los sanandresanos» y que son el de «revisión» o una «demanda de aclaración».
Fuentes jurídicas en La Haya explicaron a Efe que Colombia puede expresar su descontento con la petición de una «interpretación» del fallo, para lo cual debe haber una base jurídica que lo sustente, aunque reconocieron que en conflictos fronterizos el proceso resulta más «complicado».
Holguín agregó que no se va a permitir «que a Colombia le destruyan de un momento a otro un departamento» y aseguró que «este trago no lo vamos a pasar así no más, porque la resignación aquí no cabe».
Para la ministra, la decisión de La Haya causó «la mayor crisis del país en mucho tiempo», y lo que hizo «fue rediseñar la geografía, una cosa milimétrica para que quedara la equidad entre un territorio y otro, pero se olvidó que la equidad la dio el Tratado Esguerra-Bárcenas que en el 2007 dijo que era válido, pero ahora lo desconoce».
«La decisión de fraccionar el archipiélago es algo que rechazamos en pleno», y dijo que la decisión afectó los tratados que Colombia tiene firmados con otros países vecinos como Panamá, Costa Rica y Honduras.
Sin embargo, indicó que en caso de que fallen los recursos de revisión y aclaración que Colombia estudia interponer, será necesario llegar a acuerdos con Nicaragua.
Holguín dijo también que le envió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para solicitarle que revise los «vacíos jurídicos» que, a su juicio, se detectan en la decisión de la Corte de La Haya.
Agregó que buscará reunirse, en breve, con Ban Ki-moon.
El presidente del Senado, Roy Barreras, del Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U), señaló que «este Senado no dará aprobación a una reforma constitucional con el cambio de las fronteras».
Mientras, el senador Álvaro Asthon Giraldo (Partido Liberal), dijo que el Congreso debe rodear al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos en torno a las decisiones que tome para la defensa de la soberanía del país andino.
Por su lado, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que no aprobará ningún cambio en el mapa del país en la Constitución.
La senadora Alexandra Moreno Piraquive, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA, cristiano), presentó una proposición a nombre de su partido en la que pidió desconocer el fallo de la CIJ.
Por su lado, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que el país afronta esta semana dos hechos cruciales como lo son las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en La Habana, y el fallo de la CIJ.
Ante esos dos temas, Santos llamó a mantener «la unidad nacional» porque «ahí es cuando se requiere una armonía entre los poderes públicos para poder afrontar estos desafíos de la mejor forma posible y que nos permita tomar las decisiones adecuadas y en forma oportuna que requieran cualquiera de los dos hechos».