La reglamentación de la norma fue votada por el oficialismo y sus aliados en la Cámara baja.
La reglamentación en el uso del per saltum se convirtió ayer en ley en la Cámara de Diputados con los 135 votos que obtuvo del bloque oficialista del FpV y de sus aliados permanentes.
La reglamentación en el uso del per saltum se convirtió ayer en ley en la Cámara de Diputados con los 135 votos que obtuvo del bloque oficialista del FpV y de sus aliados permanentes. La oposición, en su conjunto, rechazó el proyecto y reunió 95 voluntades.
El per saltum es un instrumento jurídico que permite —a solicitud de una de las partes en conflicto— saltear distintas instancias procesales y trasladar un expediente judicial desde la primera instancia directamente a la Corte Suprema de Justicia.
El debate en Diputados, que se extendió durante siete horas, dedicó la mayor parte del tiempo a la ley de medios, la pelea gobierno-Clarín y la movilización del 8N y poco tiempo al debate específico de la ley.
«En la marcha opositora nadie pidió por trabajo ni por salarios ni por vivienda ni salud, educación ni derechos humanos», levantó la voz Agustín Rossi en el anteúltimo párrafo de su ya tradicional cierre de la lista de oradores que le corresponde al jefe del bloque mayoritario.
En su discurso de 20 minutos, Rossi fundamentó la razón política de fondo sobre por qué la Casa Rosada creyó imprescindible sancionar la nueva ley: «Llevan tres años (Clarín) con el expediente en primera instancia y pretenden tres años más. ¿Saben por qué?, porque fantasean con que perdamos las elecciones y que luego venga un gobierno al que puedan presionar y así voltear la ley de medios».
El per saltum, un instituto del derecho procesal que no estaba regulado pero que desde ayer por primera vez tendrá límites precisos en su utilización sólo tendrá vigencia para pleitos de competencia federal y en causas de «notoria gravedad institucional». Se trata de un instrumento técnico jurídico que, sin embargo, toma relevancia política porque en los hechos es usado por la Casa Rosada para solucionar a su favor ciertos intríngulis clave que le coloca el sistema judicial en el camino.
Largo cajoneo. En este caso, por la puja entre el gobierno y el Grupo Clarín a propósito de la aplicación plena de la ley de medios audiovisuales, que lleva tres años de sancionada pero que aún no fue aplica por un recurso de inconstitucionalidad que interpuso Clarín y que logró que el expediente lleve ya tres años «durmiendo» en el Juzgado Civil y Comercial Nº1 de la Capital Federal.
El instituto per saltum, que de todos modos deja en potestad de la Corte la decisión de intervenir o no cuando se lo soliciten, desde ya, no es un invento del kirchnerismo: sin regulaciones fue utilizado a pedido por todos los presidentes constituciones desde 1983. Con distintos motivos, por caso, Aerolíneas Argentinas o en las grandes privatizaciones de los años 90, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde lo usaron.
En este caso, la Casa Rosada apura la reglamentación del per saltum por la sospecha manifiesta, que ha hecho pública, acerca de presunta parcialidad de la Justicia —a favor de Clarín— en la Cámara de Apelaciones, en donde debería ir la causa de inconstitucionalidad una vez que se expida la primera instancia y que se produzca la apelación.
El jurista y jefe de bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, fundamentó su rechazo calificando a la reglamentación del per saltum como una ley «innecesaria, inoportuna y peligrosa para las instituciones». Y agregó: «Esta va a ser la ley del 7D-Clarín. El gobierno está planteando una contienda absurda con Clarín para imponer un monopolio gubernamental».
La sesión de ayer en Diputados no tuvo la pasión —tampoco el escándalo— que dominó la anterior: cuando se aprobó el voto joven. Sí tuvo un interés político particular: fue la primera reunión luego de la masiva marcha opositora del último jueves. Los diputados opositores, con parte de la autoestima recuperada, hicieron referencia permanente a la gran marcha «que el gobierno debería escuchar».
Por tratarse de una sesión especial, fue el oficialismo quien debió juntar el número de 129 para lograr quórum (no tuvo dificultades) y poner en marcha la sesión.
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