La justicia local aplicó en la Argentina un embargo contra la petrolera Chevron por poco más de 19.000 millones de dólares, al reconocer una medida idéntica de la justicia ecuatoriana.
La medida es producto de un reclamo por daño ambiental en Ecuador, realizado por habitantes del Amazonas, entre los que se cuentan comunidades originarias.
Chevron no tiene activos en Ecuador y se niega a reconocer la sentencia condenatoria, que dice que ha sido producto de fraude y corrupción.
El embargo en la Argentina comprende al paquete accionario, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios y de los ingresos por ventas de petróleo crudo a las refinerías, explicó el abogado local de los litigantes, Enrique Bruchou.
En un comunicado de Chevron Corp., el asesor de comunicaciones para América latina y África, James Craig, señaló: «No tenemos conocimiento de ninguna acción legal de parte de los demandantes en la Argentina, ni tampoco de ninguna orden judicial en el país».
RECLAMO MULTIMILLONARIO
Bruchou reconoció que toda la operación de Chevron en la Argentina tiene un valor calculado en unos 2000 millones de dólares, pero afirmó que la medida sobre el giro comercial «no tiene fecha de finalización y es hasta completar los 19.021 millones de dólares».
Los demandantes invocaron un tratado entre la Argentina y Ecuador de reconocimiento de sentencias y aplicación de medidas cautelares, como el embargo que fue dictado por el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 61, Adrián Elcuj Miranda.
La posición de Chevron Corp. es que en la Argentina «todas las operaciones las llevan a cabo subsidiarias que no tienen nada que ver con el fraude de los demandantes de Ecuador. Los abogados de los demandantes no tienen el derecho legal para embargar los activos de las subsidiarias en la Argentina, y no se les debería permitir afectar las actividades de los importantes recursos energéticos de ese país». Bruchou dijo que la corporación «consolida balances y muestra como propias las operaciones locales».
El reclamo es por daño ambiental por las operaciones de Texaco, luego comprada por Chevron, entre 1964 y 1990, y que según los demandantes arruinó 500.000 hectáreas del Amazonas y afectó la salud de 30.000 personas, entre las que se cuentan siete comunidades indígenas. Chevron ya no opera en Ecuador y los litigantes intentan ejecutar el fallo en otros países.
La petrolera sostiene que «la sentencia de Ecuador es ilegítima y producto de fraude y soborno», y afirma que «no es ejecutable en ninguna corte que respete el Estado de Derecho».
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