La Cámara de Apelaciones de Nueva York amplió la interpretación del «Pari-Passu», al establecer igualdad entre todos los acreedores de deuda pública. Esto puede ser un problema o una oportunidad para cerrar de una vez por todas el default.
El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York contrario a la Argentina amplió la interpretación del «Pari-Passu», al establecer igualdad entre todos los acreedores, poniendo en una encrucijada a la administración de Cristina Fernández, pero también podría representar una oportunidad para cerrar de una vez el default.
Así lo consigna un estudio difundido hoy por la consultora Ecolatina, donde se explica que el fallo de un tribunal de Estados Unidos dictamina que el país deberá «prorratear» entre todos los tenedores los pagos de bonos bajo Ley New York.
Ecolatina aclara que, a pesar de este fallo adverso, los pagos de diciembre de 2012 por más de 3.500 millones de dólares «no correrían peligro ya que la fórmula de prorrateo debe ser explicitada en los próximos meses, y podría ser apelada».
A los mercados les preocupa el efecto en la legislación Nueva York: si la Justicia americana ordena no pagar la totalidad a los bonistas «reestructurados», se estarían embargando activos privados.
Otra implicancia negativa es sobre los incentivos a entrar en futuras reestructuraciones.
Más allá de esto, Ecolatina explica que habrá que esperar la fórmula que dictamine el juez Griesa, y ante este complejo panorama, la Argentina por delante diferentes caminos.
El análisis planteado por Ecolatina tiene el valor agregado de que cuenta con la influencia de Roberto Lavagna, fundador de esa consultora y donde talla con fuerza su hijo, Marco.
Lavagna fue el ideólogo del primer canje de deuda exitoso de la Argentina, y es considerado uno de los «padres» de la recuperación argentina tras la debacle del 2001.
El informe señala que «el país puede seguir apelando hasta llegar a la Corte Suprema. Pero con dos fallos en contra y argumentos de defensa desgastados el país se expondría a quedarse en la misma situación sin instancias legales por delante».
Advierte, además, que «optar por pagarle a los holdouts para que retiren la demanda está descartado, ya que el Gobierno no negociará con fondos ´buitre y todos los que entraron en los canjes anteriores podrían iniciar acciones legales si lo hiciera».
Otra opción, plantea Ecolatina, sería cambiar la legislación de los bonos para cambiar la sede del pago.
«Esto evitaría embargos pero los títulos entrarían en default técnico, elevando el costo de financiamiento del país sin resolver la cuestión de fondo», señala la consultora.
Además, alerta que «derogar la Ley Cerrojo y reabrir el canje tampoco es la solución por sí solo, ya que los fondos «buitre» no quieren canjear sino cobrar el 100%».
«La Argentina debe ver a este fallo como una oportunidad para cerrar definitivamente el capítulo del default. Para ello, deberá lograr que el juez Griesa establezca que el Pari-Passu sea de tal forma que todos los acreedores cobren como en el canje de 2005 (con quita de 66,7% en el capital)», sostiene Ecolatina.
Especula que «como los ´buitres´ no lo aceptarán, se podría proponer que los holdouts se anoten voluntariamente hasta un determinado nivel de aceptación, y pasado ese nivel los que no entraron pierden derecho a litigar».
Ese mecanismo «debería estar legislado localmente (pasado ese nivel cae la Ley Cerrojo) y se debería buscar el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. No sería imposible ya que hay interés en el aporte sistémico de esta solución. Para la Argentina, sería la oportunidad de cerrar definitivamente el default de 2001».
Fuente: NA