Será a través de un proyecto de ley que preverá que a partir de 2012 ya no exista posibilidad de negociar ese tipo de valores. La medida ya genera rechazo en los sectores empresarios. Desde 2012 las negociaciones salariales entre empresas y sindicatos ya no podrían incluir montos de carácter no remunerativo. Esto, si prospera en el Congreso una iniciativa para eliminar esas sumas en forma progresiva. El tema, que genera rechazo en los sectores empresariales, será tratado hoy en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la intención de firmar dictamen y llevarlo al recinto la semana próxima.
Según una nota publicada por La Nación, la medida impactaría particularmente en sectores como comercio, sanidad y gastronómicos, que en las últimas negociaciones sostuvieron en gran medida sus acuerdos en el uso de esa herramienta. Estos pactos fueron siempre avalados por el Ministerio de Trabajo, que, sin embargo, viene intentando en los últimos tiempos limitar la utilización de esas sumas no sujetas a los aportes realizados a la seguridad social.
Se tomará en consideración el texto resultante de un acuerdo entre el diputado de extracción sindical Héctor Recalde, del Frente para la Victoria, y el senador radical Eugenio Artaza. El objetivo es que la iniciativa pueda ser tratada en el recinto la semana próxima, en la que están previstas dos sesiones en la Cámara alta: una el miércoles y otra el jueves.
De todas formas, aun cuando se cumpla esa meta, y según admitieron los legisladores, ya no darían los tiempos para que el proyecto sea ley antes de que termine el año, a menos que el Poder Ejecutivo lo incluya en el temario de sesiones extraordinarias para diciembre.
El texto prevé que 2011 quede como una bisagra, porque sería el último año, según explicó a Recalde, en el que podrían negociarse sumas no remunerativas, aunque con limitaciones. El primer artículo busca establecer que las sumas pactadas durante el año próximo por convenios colectivos sólo podrán mantener un carácter no remunerativo por el término de seis meses, y se agrega que el monto no podrá ser superior al 50 por ciento del incremento salarial acordado.
El proyecto también dispone que las sumas no remunerativas que estén vigentes al momento de aprobarse la ley deberán convertirse en remunerativas a razón de un 20% de su valor por trimestre. Como tal obligación regiría 60 días después de publicada la ley, en 17 meses como máximo a partir de la vigencia de la norma, quedaría eliminado este tipo de pagos.
El texto aclara que al momento de hacerse remunerativas, las cifras deberán elevarse de tal manera que los descuentos con destino al sistema de seguridad social no impacten en el bolsillo del trabajador, sino que el costo lo asuma el empleador.
El proyecto no incluye al sector público, según aclararon tanto Artaza como Recalde. Lo cierto es que en los últimos años, las administraciones públicas en sus diferentes niveles, nacional, provincial y municipal, utilizaron con frecuencia, y en algunos casos en mayores proporciones del salario respecto del sector público, las sumas no sujetas a cargas sociales.
Según dijo Artaza, «sólo en el convenio de comercio la ley implicaría $ 4100 millones de ingresos para la Anses al año».
Las sumas no remunerativas acordadas en los convenios, por lo general contemplan que sí se hagan los aportes y contribuciones a las obras sociales. En algunos incluidos en las últimas negociaciones, como en el caso del acuerdo mercantil de este año, se aclaró que son computables para calcular beneficios como el aguinaldo, las vacaciones o la indemnización por despido. Así, lo que en todos los casos termina afectado es el financiamiento del sistema previsional.
El abogado Pedro Etcheberry, asesor de la Cámara Argentina de Comercio, que consideró desacertado eliminar «una herramienta que es fundamental en las negociaciones», afirmó que el impacto en el financiamiento a las jubilaciones no es tal si se considera que de no haber existido la posibilidad de dar los aumentos de este tipo entonces los porcentajes de subas habrían sido inferiores. «Lo que se hace es postergar en el tiempo el carácter remunerativo», afirmó.
«Está claro que el abogado de la CGT pretende limitar a sus propios sindicatos que, en uso de la autonomía de la voluntad colectiva, pactan beneficios no remunerativos -señaló el abogado Daniel Funes de Rioja, referente de la Unión Industrial Argentina y vicepresidente por el sector empleador de la OIT-. Se pretende limitar esta capacidad cuando el mismo Estado ha venido reconociendo y convalidando con la homologación de acuerdos», afirmó Funes de Rioja.
Fuente: lapoliticaonline