Oslo, 18 oct (PL) Los equipos negociadores del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) darán a conocer hoy aquí la logística y metodología para el diálogo de paz.
Luego de seis meses de reuniones exploratorias, el gobierno y las guerrillas llegaron a un acuerdo marco con una agenda de cinco puntos clave para estas pláticas que, al decir del presidente Juan Manuel Santos, se dan en circunstancias diferentes a las anteriores.
El 26 agosto pasado, suscribieron en La Habana, Cuba, el llamado «Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera».
Desarrollo rural y mayor acceso a la tierra, garantías del ejercicio de oposición política y participación ciudadana, fin del conflicto armado, solución al problema del narcotráfico y derechos de las víctimas, serán los temas principales sobre la mesa.
Este proceso, un nuevo paso entre muchos otros, busca una salida negociada al conflicto armado en el país suramericano que data de hace casi medio siglo.
Una amplia lista de sucesos describe los numerosos intentos de negociaciones que comenzaron a partir de 1982 y en los que ambas partes han desempeñado un papel esencial.
El primero -que resultó un fracaso- fue durante el gobierno del expresidente Belisario Betancur (1982-1986), quien mantuvo encuentros secretos con líderes de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en España y México, como parte de una iniciativa para poner fin a la guerra.
También con muy poco éxito se desarrollaron las tentativas de negociaciones durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990).
El asesinato de cientos de militantes de izquierda a mano de paramilitares cerró una puerta que parecía abrirse.
No obstante, Barco expidió una ley de amnistía y al final de su mandato se logró la desmovilización de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) que concluyeron con la firma de un acuerdo de paz, entrega de las armas, y su reintegración a la vida civil.
Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), de igual forma hubo acercamientos con el llamado «diálogo de Caracas» que luego se trasladó a Tlaxcala, México.
El expresidente Ernesto Samper (1994-1998) también impulsó otro contacto, que no prosperó.
Fue durante la administración de Andrés Pastrana, cuando se produjo, quizás, la más concreta búsqueda de la paz en un proceso que se prolongó desde 1998 a 2002. Como los otros, este diálogo se frustró.
En todo este escenario cuya base del conflicto sigue intacta, las FARC-EP, han dado otros pasos de manera unilateral para contribuir a la paz, como la liberación de los retenidos.
El 26 de febrero último, anunciaron su renuncia a la retención y más tarde liberaron a los últimos 10 militares y policías que mantenían en su escenario de batallas.
Por su parte, el gobierno de Santos aprobó el 11 de junio 2011 la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, considerada por analistas y políticos como fundamental para la paz.
También, el 14 junio pasado, el Congreso colombiano aprobó el Marco Jurídico para la Paz, el cual implica la reforma constitucional y otorga herramientas para una negociación con los grupos armados.
Ahora, todas las expectativas están puestas en este nuevo paso de las FARC-EP y el Gobierno colombiano porque entre los puntos a discutir, sin dudas, están los principales problemas que agobian a esta nación rica en historia, cultura y en recursos naturales y por los cuales miles de colombianos se alistaron en las guerrillas.
Las FARC-EP, cuyo aniversario 48 festejó el pasado 27 de mayo, se enfrenta al más poderoso ejército de América del Sur (300 mil hombres), cuyo armamento y financiación provienen de Estados Unidos.
El objetivo de su lucha revolucionaria, al decir del extinto dirigente insurgente Raúl Reyes, «es conquistar el poder político para gobernar a Colombia con el pueblo, para beneficio de sus intereses de clase».