El ministro Julio Alak dijo que recusará al flamante subrogante. Quiere que el Consejo de la Magistratura designe postulantes afines.
Buenos Aires. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, adelantó ayer que también recusará al juez Roberto Torti, recientemente designado por la Cámara Federal porteña en lo Civil y Comercial, en el juzgado que tiene a estudio el planteo de inconstitucionalidad que presentó el Grupo Clarín contra dos artículos de la denominada Ley de Medios.
Torti es el segundo juez designado por esa Cámara para ese tribunal, aunque para definir resoluciones de trámite, no cuestiones de fondo. Es que el juzgado sigue vacante porque el Consejo de la Magistratura no logra ponerse de acuerdo para cubrir el cargo, a raíz de las presiones y operaciones que ha impulsado el Gobierno nacional para que se designen postulantes afines al kirchnerismo.
El jueves, el organismo que selecciona jueces y fiscales nacionales suspendió la sesión en la que se debían tratar las ternas para ocupar cinco juzgados federales vacantes, entre ellos el que debe fallar sobre la cláusula de adecuación de la Ley de Medios. Por la resistencia de cinco consejeros opositores, los representantes kirchneristas no pudieron obtener los votos necesarios para imponer la designación de una postulante que responde al Gobierno, y ni siquiera dieron cuórum para que se realizara la sesión.
A raíz de esta situación, la Cámara Federal resolvió que el juez interino al que le toque intervenir en el expediente en el que el Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Medios saldrá de un sorteo que se hará entre todos los magistrados de ese fuero.
Pero para dictar resoluciones de trámite (no sentencias de fondo) se continuará con el sistema de rotación semanal de los magistrados. En consecuencia, durante la semana próxima, el Juzgado N° 1 estará a cargo del juez Torti, quien será recusado por el ministro Alak.
Las presiones de Alak. Antes de Torti, la Cámara había designado a otro juez subrogante, Raúl Tettamanti, pero no duró mucho. Renunció al cargo luego de que el ministro Alak le atribuyera ser un “juez de la dictadura” y anunciara que lo iba a recusar.
Tettamanti acusó al ministro de “violencia moral” después de que Alak lo acusara de ser un juez “elegido a dedo para favorecer a Clarín”.
Ayer, Alak repitió la estrategia. Anunció que iba a recusar a Torti porque tiene como antecedente haber fallado a favor de la empresa proveedora de Internet Fibertel, perteneciente al grupo Clarín, en una causa que llegó a su juzgado.
“Creemos que hay que recusar a un juez que ya preopinó en la causa Fibertel a favor de Clarín”, dijo Alak en declaraciones al canal de noticias C5N que fueron reproducidas por la agencia oficial Télam. “Esto es un derecho que tiene cualquier justiciable, el derecho de recusar a un juez que ya dio una opinión clara a favor de una de las partes”, agregó.
El ministro señaló que “Torti transitó varios gobiernos militares; desde el aspecto ideológico hasta su carácter de jubilado hace que sea sospechosa su designación”. Y volvió a denunciar una “maniobra política” de la oposición para impedir que se tenga un “juez de la Constitución”. Es la misma acusación que le hace la oposición al kirchnerismo porque quiere imponer, a través del Consejo de la Magistratura, la designación de una postulante que fue funcionaria de un organismo nacional y que recibió puntaje extra y presuntamente irregular por ese antecedente.
El problema de fondo
El origen. La controversia que involucra al Poder Ejecutivo Nacional, al Consejo de la Magistratura y a la Justicia Federal tiene que ver con dos cuestiones: el afán que pone el Gobierno nacional en su disputa con el Grupo Clarín y la cantidad de juzgados que están vacantes, entre ellos el Juzgado Federal porteño Nº 1 en lo Civil y Comercial, que tiene en estudio la causa iniciada por el Grupo Clarín contra dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Responsabilidad. La cantidad de vacantes se ha producido porque desde 2008 el Gobierno nacional incumple la ley 26.376, que establece que es el Poder Ejecutivo Nacional el que debe enviar el listado de conjueces que pueden ocupar esos juzgados. Como eso no ocurre, las cámaras federales designan jueces subrogantes en un procedimiento que desata críticas y cuestionamientos, pero que cuenta con el aval de la Corte Suprema.
Conveniencia. El Poder Ejecutivo, que ahora cuestiona esta modalidad de cubrir vacantes, en realidad se beneficia con ella porque le permite confirmar o vetar a los subrogantes que aspiran a obtener el cargo de modo definitivo, según cumplan o no las expectativas del Gobierno.
Fuente: www.lavoz.com.ar