Los gremios locales protagonizarán otra movilización en rechazo a la «derogación» de la ley provincial de reforma previsional, que impulsó el gobernador De la Sota. Por la tarde marcharán hacia la Caja de Jubilaciones
Empleados estatales de Córdoba se movilizarán desde las 16 para reclamar una vez más la “derogación” de la ley provincial 10.078 de reforma jubilatoria impulsada por el gobernador José Manuel de la Sota y aprobada por la Legislatura el 8 de agosto último.
El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de la provincia (SEP), José Pihen, precisó que de la movilización participarán los jubilados y los cuerpos orgánicos sindicales y que se concentrará en la sede de la Caja de Jubilaciones, en el centro de la capital provincial.
El sindicalista también anticipó que el jueves los dirigentes de una veintena de gremios volverán a reunirse para resolver si acompañan el paro de actividades y movilización que fue convocado por los docentes, por intermedio de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), para el martes 4 de septiembre.
En tanto, la titular de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, Irina Santesteban, pidió públicamente la “renuncia” del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, al considerarlo como “uno de los responsables de la brutal represión” ejercida por la policía el jueves de la semana pasada durante la movilización de los estatales.
También denunció ante la Justicia la “agresión y lesiones” que sufrieron los manifestantes de parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad.
Con el objetivo de obtener fondos para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones, la nueva ley deja sin efecto el pago simultáneo de aumentos a los jubilados cuando lo perciben los activos.
A partir de ahora, cuando los activos reciban aumentos, los jubilados lo percibirán recién seis meses después. Además la nueva ley 10.078 faculta al Poder Ejecutivo a modificar los porcentuales de los aportes de la patronal y del trabajador.
Los estatales sostienen en forma unánime que las modificaciones significan un recorte encubierto de haberes y la reducción de lo que debería ser el 82 por ciento móvil, que tiene rango constitucional, razón por la cual plantearon ante la Justicia una acción de ‘inconstitucionalidad’ el jueves cuando fueron reprimidos por la policía.
Fuente: Infobae