El gobierno de Ecuador otorgó hoy asilo político al australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks quien se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres desde el martes 19 de junio, informó el canciller Ricardo Patiño desde Quito.
La decisión fue enviada también al gobierno de Gran Bretaña y ahora, según el canciller, se espera la respuesta oficial. Patiño informó la decisión tras hacer una larga argumentación sobre el derecho de asilo y el derecho internacional. El argumento clave es que, según el análisis hecho por el gobierno de Rafael Correa, Assange corre riesgo de persecusión política.
«El derecho de asilo es un derecho humano fundamental y forma parte de los derechos internacionales», dijo Patiño. «No admite acuerdo en contrario siendo nulos los tratados del derecho internacional que se les opongan», expresó el diplomático.
Assange ha estado refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio en un intento por evitar que lo extraditen a Suecia, donde es buscado por acusaciones de delitos sexuales.
El drama que rodeaba la decisión se había intensificado desde hoy temprano, cuando la Policía británica arrestó a tres simpatizantes de Assange después de que se rehusaron a moverse del pequeño edificio de la embajada de Ecuador en Londres, en un intento por evitar que lo extraditen a Suecia.
Gran Bretaña dice que tiene la obligación legal de extraditar a Assange, pero causó una tormenta diplomática después de que el gobierno ecuatoriano dijo el miércoles haber recibido amenazas de ingresar por la fuerza en la misión diplomática si no entregaban a Assange.
WikiLeaks y Assange saltaron a la fama después de lanzar un enorme volumen de documentos secretos de Estados Unidos, lo que indignó a Washington y dio lugar a llamados de políticos estadounidenses para que fuera perseguido como un terrorista.
Assange y sus simpatizantes temen que el intento por extraditarlo a Suecia es un paso previo orquestado por Washington para enviarlo a Estados Unidos. Los funcionarios suecos han negado que el pedido de extradición esté políticamente motivado.
Fuente: Clarín