Nadie puede explicar el increíble gravamen a la trasferencia automotor que puso la provincia. Ayer Fm News y OPI Santa Cruz hicieron un programa especialmente dedicado a desmenuzar esta nueva carga que se aplica al consumidor final que quiera comprar un automóvil que no sea en un concesionarios de Río Gallegos. Las voces oficiales se disculparon o se callaron. El análisis a priori generó un debate donde los puntos obscuros de esta nueva ley son tan groseros que, como mínimo, merece una revisión por parte de las autoridades del gobierno.
La Ley Nº 3145 que en septiembre aprobó la Legislatura provincial y avaló el Poder Ejecutivo, la cual incluye el artículo 79 bis, modificatoria de la ley 1410, donde se amplía el concepto de las transacciones sujetas al impuesto de sellos, ha generado una enorme discusión en la opinión pública y esto quedó reflejado ayer cuando Fm News y OPI Santa Cruz le dedicaron un programa especial en la emisora capitalina que se escucha por la frecuencia 104.3 y la web, debate en el cual se descubrieron enormes grietas legales y de procedimiento, hasta podría decirse con errores conceptuales groseros por parte del impulsor del proyecto, el diputado Osvaldo Quiroga, quien lamentablemente no pudo ser consultado personalmente sobre esta iniciativa suya transformada en ley, porque a pesar de los múltiples llamados que hizo la producción, no atendió el celular.
Tampoco tuvimos la palabra del Ministro de Economía, Contador Diego Robles, que se excusó por problemas personales, pero al que seguramente podremos consultar en las próximas horas; sin embargo, no tuvimos suerte cuando intentamos llamar al diputado Rubén Contreras y al presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos.
Recordemos sintéticamente que se trata de un nuevo gravamen por el cual si Ud compra un auto fuera de la provincia debe pagar el 2,5% del valor en carácter de impuesto de sellos en Santa Cruz; si Ud le compra a su agenciero un auto usado que le extiende una factura, debe pagar el 1,5% y si compra un cero kilómetro en una agencia no oficial de esta capital o en cualquier punto del país, debe pagar el 2,5% al transferirlo a Santa Cruz y si Ud le compra el auto al vecino donde pueda mostrar la factura de venta inicial del vehículo, paga el 0,75%, si no loa puede mostrar le cae todo el peso del tributo.
La fundamentación del proyecto presentado por Quiroga es increíble y conceptualmente errónea, toda vez que pretende esgrimir como argumento que con este impuesto se intenta frenar la venta en negro (callejera) de automóviles que hace la comunidad gitana (lo dice expresamente) y producir un ordenamiento fiscal (¿?). Para ello, el legislador no tiene mejor idea que atacar a quien consume, es decir al que moviliza el mercado de los autos 0 Km y usados.
No solo no logra los dos propósitos acometidos, sino que agrava la situación, ya que las diferencias son tan grandes, que desalienta la inversión o bien obliga al adquirente a buscar un mecanismo de compra fuera de la provincia, por ejemplo fijando domicilio en otra ciudad como puede ser Comodoro Rivadavia, con lo cual ni siquiera termina tributando a la municipalidad local.
Uno de los entrevistados ayer en la radio fue el Sr Mijael Harasic, agenciero local, quien señaló que cuando este proyecto fue tratado en Cámara de Diputados citaron a los Concesionarios oficiales de esta ciudad, donde el 70% de las marcas está en manos del Grupo Costa y no convocaron a las pequeñas agencias que carecen de representación oficial de marcas, pero que venden autos 0 Kms o usados perfectamente habilitadas como comercios. Es más, el propio Harasic relató que inicialmente no le permitían entrar al recinto de comisiones y testigos presenciales le confiaron a OPI que cuando vieron al comerciante en la sala donde se iba a debatir el tema, uno de los Gerentes generales que representaba una conocida concesionaria oficial de esta localidad al cual nuestra fuente lo describió como “un ejecutivo con pinta de Yuppie del subdesarrollo” dijo, en forma despectiva: “¡Ah! no sabía que los agencieros también estaban invitados”.
“Es impensable que mientras se avanza con la idea del MERCOSUR y se abre el libre comercio en el mundo, acá en Santa Cruz se le quiera poner un corset al negocio de la compra de autos que tanto ha crecido en estos últimos años gracias a las políticas que favorecen la inversión”, señaló Harasic.
De nuestras averiguaciones pudimos establecer que la Cámara de Comercio de Río Gallegos intervino inicialmente en esta discusión, pero apuntando específicamente a que se trabe o anule la venta callejera por parte de la comunidad gitana. Ayer quisimos hablar con su titular, pero no respondió el teléfono.
La ley así consagrada, favorece el aumento de la rentabilidad a los concesionarios, pues obliga a particulares a comprar en ellos y sin embargo no combate la evasión ni la venta en negro, de hecho la comunidad gitana compra en los concesionarios locales y luego ofrecen en venta callejera esos mismos autos con el logo de las concesionarias de autos de Río Gallegos, sin que (aparentemente) estuvieran violando ningún tipo de norma tributaria. Es decir, que las autoridades contemplan esto como una “venta legal”, solo por haberlos adquirido en concesionarios del medio. ¿Dónde está el combate de la evasión y el comercio en negro?. No existe, sencillamente porque ese no es el punto, el punto – si se quiere – es que la comunidad gitana venda lo que quiera, pero solo vehículos comprados en plaza.
Consultamos a dos personas de nuestro círculo de amistad que han adquirido en los últimos tiempos autos en la comunidad gitana y ambos coincidieron en que este tipo de venta es una irregularidad a la que el Estado le escapa o no quiere revertir “yo no se de dónde les viene tanto capital como tienen algunos que van y compran 5 o 6 autos al contado y en todo caso, habría que investigar quién es el que pone la plata para realizar inversiones tan grandes”, señalaron con más o menos las mismas palabras palabras, ambos consultados.
Otra de las coincidencias que tuvieron los entrevistados fue algunos de los motivos que los llevaron a recurrir a la venta callejera de autos. Entre estas razones figuran: la mala atención en las concesionarias locales, la falta de unidades, los extendidos tiempos de entrega, las quejas porque sienten que no son atendidos como clientes, los complejos y engorrosos trámites de financiación y el malo y caro servicio de pos-venta.
Fuente: Agencia OPI Santa Cruz