por Guillermo Villarreal (*)
La profanación de la ermita de la Virgen de Luján en el Cementerio de Darwin mereció expresiones de repudio tanto de familiares de los caídos como del gobierno argentino, en medio de la tensión diplomática con Gran Bretaña por la soberanía en Malvinas y en el marco del trigésimo aniversario de la guerra que enfrentó a los dos países.
El hecho vandálico y las reacciones también volvieron a generar roces entre el Gobierno y la Iglesia.
La Casa Rosada se quejó por el tibio rechazo de los obispos católicos ante el ataque a un símbolo religioso como es la imagen de la patrona de los argentinos, mientras que la Conferencia Episcopal Argentina optó por «la prudencia» ante un tema que voceros consideraron «muy delicado».
El único que se pronunció a título personal fue el administrador apostólico de Río Gallegos, monseñor Miguel Angel D’Annibale, quien en declaraciones a DyN manifestó su «total repudio y desacuerdo» con la agresión a la ermita, y reclamó que se identifique a quien lo perpetró porque ello «necesita ayuda profesional».
«Se pueden hacer otras lecturas, pero no es momento», se excusó antes de apresurarse en aclarar que el territorio de Malvinas no estaba bajo su jurisdicción pastoral.
D’Annibale dijo, además, que no estaba previsto ningún acto religioso de desagravio o reparación ante la profanación de la ermita mariana del Cementerio de Darwin.
Empero reveló que familiares de los caídos pusieron al tanto de los hechos «lamentables» al vicario general de la diócesis, cuyo obispo anterior, monseñor Juan Carlos Romanín, entronizó en octubre de 1999 la imagen de la Virgen en las islas.
La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas fue tajante al denunciar que lo sucedido en el conjunto conmemorativo fue «un acto de profanación» y «una ofensa a la memoria».
De inmediato, la Cancillería protestó en forma oficial ante Londres por la profanación de la figura ubicada en el predio donde descansan los restos de 234 argentinos, 123 bajo una placa que reza: «Soldado argentino sólo conocido por Dios», y exigió «su inmediato esclarecimiento».
Las autoridades del Reino Unido y las isleñas respondieron condenando el hecho, al que consideraron «un acto de vandalismo», y asegurando que la policía investiga.
No es la primera vez que Gobierno e Iglesia chocan por un asunto vinculado a Malvinas.
En febrero, el presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, salió a pedirle a la Casa Rosada que no utilice políticamente el reclamo, en momentos en que Cristina Fernández relanzaba una ofensiva en los foros internacionales en demanda de negociaciones por la soberanía.
«Esta es una cuestión de Estado y no sólo del Gobierno, y nadie debería aprovecharse de esta situación tan delicada que hace al futuro de todos los argentinos», sugirió.
En 2008, el gobierno argentino consiguió que el Vaticano desestimara el proyecto de crear la diócesis de Tierra de Fuego, que excluía las Islas Malvinas de esa nueva jurisdicción eclesiástica, después de presentar una queja formal en la curia romana.
El planteo gubernamental se suscitó porque la Santa Sede dice mantener una política de imparcialidad frente al diferendo entre la Argentina y Gran Bretaña por el archipiélago austral.
Al punto que Malvinas -según consta en la Guía Eclesiástica Argentina- tiene desde 1952 un status especial de prefectura apostólica y depende directamente de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, con sede en Roma.
En esa publicación se consigna además que las islas, con escasa población católica y mayoría anglicana, no forman parte ni de la organización eclesiástica argentina, ni tampoco de la de Gran Bretaña.
(*): DyN.