La justicia permitó que Transportadora Gas del Sur aumente un 20 por ciento, aunque el gobierno apelará el fallo para evitar una escalada tarifaria del sector. La medida fue celebrada por las distribuidoras de gas que reclaman judicialmente por más aumentos y exigen una revisión tarifaria integral.
La empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) fue ayer notificada sobre la medida judicial en la que se intimaba al Gobierno a poner en marcha en no más de 48 horas los aumentos de tarifas que están acordados desde fines de 2008 y que nunca llegaron a ponerse en práctica por una cuestión burocrática. La medida no sólo fue bien recibida por TGS, sino por la mayoría de las distribuidoras y transportadoras de gas que también tienen situaciones similares: aumentos autorizados y reclamos judiciales para que finalmente se apliquen.
Según informó ayer TGS mediante un comunicado, la sentencia ordena dos cosas. Por un lado, intima a «la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación Federal, que dentro de los dos días devuelva al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) la documentación por éste remitida referida al Cuadro Tarifario aplicable a TGS». Y por el otro, le pide al Enargas que dentro de dos días de recibida esa documentación fije el nuevo cuadro tarifario aplicable y la metodología de cobro del retroactivo.
El Estado apelará el fallo y en ese caso será una cámara la que zanjará el asunto. Fuentes del Ministerio de Planificación Federal confirmaron anoche al diario La Nacion que aún el Estado no había sido notificado de la sentencia, pero que sin dudas «el fallo será apelado».
El temor a las represalias oficiales que mantiene intervenidas las empresas Transportadora Gas del Norte (TGN) y Metrogas llevó a que el asunto se trate con la mayor de las cautelas. «Toda la información que tenemos está en el comunicado», respondieron en la empresa.
¿Cuál es el aumento acordado por TGN? Alrededor de un 20 por ciento de la porción de la factura que corresponde a la distribución, y que para el caso de los usuarios domiciliarios no llega a un 5% del total de la boleta. La empresa, que maneja los gasoductos que llegan desde el sur del país, mantiene sus tarifas congeladas desde hace 11 años. La última suba fue otorgada en 1999. Desde entonces, nada.
La importancia que los ejecutivos del sector le dan a la medida tiene que ver con el reclamo, que ya lleva años, mediante el que se pide una revisión tarifaria integral (RTI). El Gobierno siempre gambeteó con admirable habilidad los reclamos. Es verdad que tampoco los ejecutivos de las gasíferas fueron de levantar la voz en busca de aumentos. Más bien lo contrario, se acostumbraron a vivir en voz baja y a conformarse con lo que el Gobierno hacía o dejaba de hacer. Sólo una empresa logró romper el cerco del congelamiento de precios. La distribuidora GasBan, en 2006, pudo concretar un aumento de un 20 por ciento. Las demás esperaron. Calladas y con quejas en voz baja, pero esperaron. En octubre de 2008, la larga negociación se descongeló y el Ministerio de Planificación Federal resolvió firmar «acuerdos transitorios».
Espera desde 2008
La mayoría de las empresas terminó esa negociación en octubre de 2008. Camuzzi, Gasnor, Litoral Gas, Metrogas, TGS y TGN pusieron la firma. Otras se tomaron un tiempo más, como las distribuidoras Gas del Centro y Gas Cuyana, que firmaron en septiembre de 2009. Sólo Gas Nea no logró plasmar las conversaciones en un acuerdo y quedó con sus tarifas en el mismo nivel. Finalmente, en el curso de 2009, el Poder Ejecutivo ratificó los acuerdos transitorios y se comprometió a realizar la postergada revisión tarifaria integral (RTI) que sería la que finalmente sacaría del letargo a las compañías.
Entonces empezó la espera del último eslabón de la cadena de actos administrativos: la publicación del nuevo cuadro tarifario por parte del Enargas y el procedimiento para cobrar el aumento retroactivo. «Lo que falta es una cuestión burocrática», le restaban importancia entonces los ejecutivos de las compañías.
Pero ese último eslabón nunca se formalizó. El Enargas se sentó sobre los expedientes y el aumento nunca se formalizó. Durante ese tiempo, el organismo sí aceptó que se cobren todos los cargos tarifarios que el Gobierno implementó y que forman un fondo para que el ministro Julio De Vido decida qué obras hacer. Las empresas siguieron calladas pero acudieron a la Justicia, que ayer las benefició.
Fuente: lapoliticaonline