El jefe de Gabinete, Oscar González, y el secretario de Previsión Social, Osvaldo Giordano, dijeron en la Legislatura provincial que los tiempos «se han acortado» y que podría haber una decisión en los próximos días para llevar el reclamo ante la Corte Suprema.
Con 83 minutos de demora y durante tres horas, el jefe de Gabinete Oscar González y el secretario de Previsión Social Osvaldo Giordano reiteraron ayer en la Legislatura el diagnóstico oficial sobre la situación del sistema previsional cordobés, según publicó el diario La Voz de Córdoba.
La reunión, que desbordó la sala Regino Maders de la Unicameral, contó con la presencia de legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales y dirigentes de gremios estatales. La ausencia más notoria fue la que el lunes habían anticipado los diputados cordobeses del kirchnerismo, quienes justificaron el “faltazo” por nota y para regocijo del delasotismo.
Pero la búsqueda de certezas sobre cómo abordar el déficit que aqueja a la Caja de Jubilaciones, que este año llegaría a 1.600 millones de pesos, se topó con un sumario de buenas intenciones y pocos detalles. González, que fue el encargado de abrir la convocatoria de la comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, arrojó las primeras definiciones.
Puntualizó que el Gobierno “jamás impulsará una medida que implique bajar las jubilaciones”, con lo que descartó recortes o topes para los haberes más altos, tal como recomendó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en un análisis que hizo circular entre los diputados del Frente para la Victoria.
Aseguró, además, que la Provincia “no tiene pensado abandonar el 82 por ciento móvil”, tal como se lo había ratificado 24 horas antes a los dirigentes de los sindicatos estatales más fuertes.
Por último, anunció oficialmente que no se prorrogará la emergencia previsional, que vencerá el próximo martes 31. Por lo tanto, los funcionarios dejaron en claro que el gobernador José Manuel de la Sota no tiene pensado modificar el actual esquema.
En este punto, tanto el Frente Cívico como el radicalismo manifestaron una posición uniforme. “De ninguna manera acompañaremos un recorte al 82 por ciento móvil. No estamos de acuerdo en que el peso caiga sobre los jubilados”, expresó el senador nacional Luis Juez.
Además, los principales partidos de la oposición anticiparon que acompañaran a la Provincia si esta finalmente presenta una demanda ante la Corte Suprema.
Sin respuestas
Antes de la exposición técnica de Giordano, el jefe de Gabinete detalló los avatares del fracaso en el diálogo con la Nación. Dijo que la Provincia ofreció “alternativas para el cobro de la deuda”, al aceptar que era difícil que la Nación pagara 1.040 millones de pesos de una sola vez. Y sorprendió al indicar que “jamás, ni verbalmente ni por nota, hubo alguna observación sobre la ejecución del convenio o por algún incumplimiento”, que es la bandera que esgrimen desde el kirchnerismo para justificar el corte de los envíos.
En ese punto, Giordano consideró que hay una “discriminación con Córdoba”. Y argumentó que en 2011, Anses giró 360 millones a la Caja de Santa Cruz; 293,6 millones a Entre Ríos; 150 millones para Chaco y 21,7 a Misiones, cuyos niveles de cumplimiento de la armonización son menores a los de Córdoba.
El déficit
El puntapié inicial del debate lo dio la radical Olga Rista. Y luego, con mayor o menor énfasis, casi todos los legisladores y gremialistas preguntaron cómo se iba a cubrir el déficit de la Caja. Pero uno por uno, esos interrogantes cayeron en el mismo embudo, que deriva en la relación con la Nación. Para González, el problema de la Caja “existe desde hace 18 meses”, que es el tiempo transcurrido sin giros desde la Anses.
Aclaró que el Gobierno no hará “suposiciones” sobre cómo cubrir el déficit y que, de recurrir finalmente a la Corte, esperará el resultado. Hasta ahora, viene cubriendo el bache con recursos propios.
Agotadas las negociaciones, entonces, los caminos para obtener fondos conducen a la Corte. Tampoco hubo precisiones sobre los plazos para recurrir ante el alto cuerpo. González consideró primero que “30 días” y hasta “fines de agosto” era un tiempo razonable, aunque más tarde dio a entender que los tiempos se han acortado abruptamente y que podría haber una decisión en los próximos días.
De ser así, el piso del reclamo será la deuda de 1.040 millones, aunque más adelante se podría sumar la queja por el 15 por ciento de coparticipación que, según González, este año implica resignar casi 2.800 millones de pesos.
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