Una economía más difícil hace que la pugna por el control de los recursos domine y potencie los conflictos políticos y sociales. El INDEC admite en mayo una caída de la actividad económica de 0,5% -la primera en 34 meses- y en junio una de 4,7% en la industria, que cae por tercer mes consecutivo y suma en el primer semestre una disminución del 1,1%. A su vez, el viceministro de Economía (Kicillof) sostuvo que la crisis internacional es una catástrofe mundial, profundizando el argumento de que ella es la causa del freno de la economía. Sus afirmaciones de que sería reaccionario no seguir usando los fondos del Anses para financiar el desarrollo, cuando estos financian los planes sociales, los de viviendas -que la semana pasada comenzaron a sortearse- y serían utilizados para asistir a la provincia de Buenos Aires, es una manifestación del supuesto neo-keynesianismo con el cual el gobierno enfrenta el freno de la economía. El decreto del Ejecutivo disponiendo que el sector público sólo compre nafta a YPF, sólo viaje en Aerolíneas Argentinas y bancariamente use solo el Banco Nación confirma una vez más el modelo que combina más estado con más nacionalismo.
En el conflicto con Scioli la restricción económica se ha transformado en el campo de batalla central; en la relación con los sindicatos, el control de los fondos de las obras sociales emerge como una fuerte disputa, y con las provincias en general la decisión de transferirles el costo del subsidio al transporte de junio en adelante -después de aumentarlo 40% en lo que va del año- es una manifestación de cómo juega la restricción económica en su relación con el Poder Ejecutivo.
La decisión de la Casa Rosada de dar al gobernador Scioli un préstamo de 600 millones de pesos para contribuir al pago de la segunda cuota del aguinaldo es, a lo sumo, una frágil tregua. Scioli ya había conseguido a comienzos de la semana pasada, con la prórroga de las concesiones a los bingos y la emisión de un bono a proveedores, los fondos que le permitían pagar la segunda cuota del medio aguinaldo (43% de su monto), el 15 de agosto. La cifra que aporta el gobierno nacional mediante este préstamo le permitiría adelantar el pago de la segunda cuota a comienzos de agosto. Pero la provincia tiene por delante, entre agosto y marzo, un déficit de 8.000 millones que mantendrá el conflicto abierto. La Casa Rosada tomó la decisión de contribuir al pago del medio aguinaldo bonaerense al percibir que en la opinión pública estaba teniendo mayor desgaste que el gobernador, quien con su estrategia de victimizarse lo estaba amortiguando mejor. Pero las críticas del cristinismo hacia Scioli continuaron en paralelo. Desde la Secretaría de Seguridad de la Nación se dijo que el país no tiene un problema de inseguridad, sino que sólo lo tiene la provincia de Buenos Aires; intelectuales K lo criticaron por su falta de contenido ideológico; un caracterizado legislador bonaerense K (Navarro) manifestó que el gobernador es un dirigente proveniente del peronismo, pero que no pertenece al kirchnerismo; desde esta corriente política se hicieron críticas públicas al manejo del juego en la provincia, incluyendo algunos la posibilidad de estatizarlo. Por su parte la ministra de Gobierno de Scioli (Alvarez Rodríguez) reclamó al vicegobernador Mariotto que cumpla con su rol institucional de acompañar al gobernador.
Con la CGT dividida, el control de los fondos de las obras sociales aparece como un nuevo conflicto entre la Casa Rosada y todo el sector sindical. La reunión mantenida por la Presidenta con el sindicalismo antimoyanista a comienzos de la semana pasada confirmó su apoyo a la división. Pero al día siguiente fue disuelto el APE -el organismo que manejaba los subsidios para las operaciones de alta complejidad, que hasta hace dos meses controlaba Moyano- sin anticipar nada a los sindicalistas aliados el día antes y trascendieron planes del oficialismo para incorporar los fondos de las obras sociales a una caja general, en la cual los sindicatos pierden el control de los mismos. Según los dirigentes sindicales, el APE adeudaba 2.000 millones de pesos a las obras sociales y la Superintendencia de Seguros de Salud les retiene 10.000 del Fondo Solidario de Redistribución que se financia con aportes de trabajadores y empleadores. Moyano ha dicho que llevará el conflicto a la justicia y sindicalistas antimoyanistas destacados, como Martínez (construcción) y Rodríguez (Upcn), hicieron fuertes críticas a la medición de la inflación y remarcaron su importancia como problema social. Al mismo tiempo, la candidatura de Caló (metalúrgicos) para la secretaría general de la CGT antimoyanista se complicó y dirigentes de este sector abrieron canales de negociación con el dirigente camionero. La Casa Rosada tendría la intención de satisfacer algunos reclamos de los dirigentes antimoyanistas para neutralizar los problemas que han surgido con sus aliados sindicales.
Con Scioli evitando la confrontación con la Presidenta, De la Sota se transforma en la expresión política del reclamo provincial. Tras criticar al gobierno nacional por las restricciones a la compra de dólares, el gobernador de Córdoba respaldó a Scioli, pero señaló que su propia provincia reclama recursos que el gobierno nacional le adeuda. Dijo que el Poder Ejecutivo no cumple sus obligaciones con las provincias y reiteró que llevará a la justicia sus reclamos. Al mismo tiempo sus voceros indicaron que el gobernador tiene un proyecto presidencial para 2015. Macri trata de jugar un rol en el conflicto provincial, diciendo que deben ser convocados los gobernadores y que el gobierno nacional intenta trasladarles los costos del ajuste, como le sucede a él con el subte. La decisión de enviar fuerzas federales a Santa Cruz -que sufrió 20 días de huelga policial- tuvo lugar sólo dos días antes de que el gobierno nacional resolviera entregar al gobernador los fondos para pagar el aumento salarial reclamado. Pero la hostilidad de la Casa Rosada contra el gobernador Peralta continuará. Al mismo tiempo, el conflicto de Cerro Dragón en Chubut ha entrado en una etapa de judicialización, con la empresa PAE volviendo a trabajar a pleno y los disidentes de la construcción amenazando retomar medidas de fuerza si no son reincorporados los trabajadores despedidos. Los conflictos por la minería se intensificaron en Catamarca y La Rioja y en la ciudad de Buenos Aires ambientalistas tomaron las casas de seis provincias mineras.
En conclusión: el freno de la economía combinado con alta inflación es un problema que intensifica los conflictos políticos y sociales; el aporte que el gobierno nacional realiza a Scioli para adelantar el pago de la segunda cuota del medio aguinaldo a comienzos de agosto es sólo una frágil tregua; el avance del Ejecutivo sobre los fondos de las obras sociales preocupa tanto a Moyano como a sus adversarios, que han dado señales de disconformidad y con Scioli evitando la confrontación, De la Sota ha salido a liderar el reclamo provincial contra el gobierno nacional y Macri también busca un lugar en este conflicto.
Por Rosendo Fraga/agenciacna.com