Chubut – La virulenta agrupación Los Dragones, disidente de la UOCRA y que mantiene piquetes en rutas de acceso al yacimiento de gas y petróleo de Cerro Dragón -que opera Pan American Energy (PAE)-, advirtió ayer que «endurecerán esta semana las medidas» de fuerza ante la falta de respuesta a sus reclamos.
En la otra vereda, el gobernador justicialista Martín Buzzi profundizó su embestida judicial contra los rebeldes: ayer pidió «descargar todo el peso de la ley sobre los violentos» y concretará una denuncia penal para «esclarecer las fuentes de financiamiento del grupo Dragones, porque -dijo- cada vez está más claro que detrás del ataque violento a las instalaciones estuvo el objetivo de generar el caos, la violencia e intentar presentar a este Gobierno como débil y fácil de desestabilizar».
En esa línea, dio «instrucciones» al fiscal de Estado, Blas Meza Evans, para «citar» a la empresa Contreras Hermanos (una contratista), «porque al no existir personería gremial, las transferencias que ellos le han hecho (a Los Dragones) no tienen nada que ver con los aportes obligatorios».
El mandatario también dijo que esta semana darán «pasos concretos» para regularizar el encuadramiento gremial de los «no violentos». En sintonía, el secretario general de Petroleros Privados del Chubut, Mario Mansilla, dijo que «trabaja junto al Gobierno para ayudar a lograr el encuadramiento de los trabajadores, pero dejando de lado a los violentos que atentan contra la paz social».
En reclamo de una equiparación salarial con los petroleros, entre otros ejes, los activistas sostienen desde hoy hace once días cortes en los cruces de las rutas 3 y 26, y 3 y 39.
Si bien circularon versiones en torno al dictado de una conciliación obligatoria, la posibilidad fue descartada anoche por fuentes gubernamentales, que además afirmaron que no está prevista para hoy una reunión en la sede laboral local.
El pasado sábado, el Gobierno chubutense anunció que adoptará sobre PAE «las máximas sanciones» previstas por la Ley Federal de Hidrocarburos -que lo faculta a poner multas por no producir y por no transportar- y que avanzará en la quita de la personería jurídica a Los Dragones. La reacción contra la compañía incluirá, además, la ejecución de una deuda de $ 7,6 millones que la compañía mantiene con el Ejecutivo por multas no abonadas.
Buzzi había anticipado que sancionaría a la empresa luego de recorrer el yacimiento y comprobar que es posible acceder a las instalaciones para retomar la producción. «Si esto está parado, es responsabilidad por un lado de la organización y por otro lado de la empresa», recalcó.
Durante el fin de semana, por su parte, PAE difundió públicamente que logró recuperar el 54% de la producción anterior a la toma de Cerro Dragón, «pese a enfrentar las condiciones más adversas que se le hayan presentado en toda su historia, ya que no contó con el auxilio de fuerzas de seguridad de la provincia como para evitar la toma de sus instalaciones».
«No hubo fuerzas de seguridad que garantizaran el tránsito entre Comodoro Rivadavia y Cerro Dragón», afirmó además la compañía, y recalcó que «tampoco hubo jueces que acogieran las denuncias y procedieran a la aceptación de su competencia».
En paralelo, Buzzi, además, envió a funcionarios a recabar datos sobre posibles pagos a «reconocidos personajes de malvivir de la zona de Comodoro» para que realizaran incidentes. «Nos cuentan que acá vino gente a ofrecer entre 200 y 600 pesos por día, además de la comida y los consumos personales, para ir a Cerro Dragón y al cruce de las rutas 3 y 26 a generar disturbios», dijo el secretario legal y técnico de la Gobernación, Miguel Montoya.
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