Un joven de 18 años que está acusado de un intento de robo y no tiene antecedentes penales obtuvo la libertad a cambio de terminar la escuela secundaria. Así lo decidió un juez penal que tiene a su cargo la causa en la que el muchacho está imputado de un intento de robo con un arma rota, sin capacidad para disparar. Es hijo de una familia de Remanso Valerio, el barrio de pescadores que se levanta a orillas del Paraná entre el puente Rosario—Victoria y Granadero Baigorria. De la mano de la intervención judicial, ahora irá de la cárcel, a la escuela.
Ariel M. cursó hasta octavo año del viejo Polimodal. Un mes atrás quedó detenido en Granadero Baigorria por un fallido asalto a un conductor y desde entonces estuvo preso. Ahora el juez de Instrucción Luis María Caterina le otorgó la excarcelación para que pueda seguir en libertad el trámite de la causa. Pero le impuso un requisito: que continúe con su escolaridad y curse los años que le faltan para terminar la secundaria.
El joven deberá presentarse una vez por mes en el tribunal y acompañar constancias de que es alumno regular. Lo usual es que las libertades se otorgan bajo compromiso de que la persona acudirá regularmente al tribunal, para demostrar su voluntad de seguir a disposición de la investigación. Pero en este caso, la medida apunta no sólo a mantener al muchacho ligado al caso sino a un fin resocializador y de contención.
La medida no es frecuente. Es la primera vez que se aplica en el juzgado de Instrucción Nº 10, donde recayó la causa de M., aunque al estar vacante allí el cargo de juez fue firmada en suplencia por Caterina, titular del juzgado de Instrucción Nº 3.
Un caso previo. Entre uno de los antecedentes más difundidos que tiene la medida en la Justicia local se encuentra una resolución de la jueza de Menores Gabriela Sansó. En mayo de 2009 la magistrada condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a Adrián R., un joven de 19 años que cuando era menor de edad cometió un hurto y un robo calificado.
Pero dispuso que no fuera a la cárcel: valoró que el encierro no podía contribuir a modificar conductas incorporadas en su historia de vida. Adujo que, por el contrario, en prisión reforzaría esos comportamientos. En un entorno social hostil, el chico había incurrido en problemas delictivos y de adicción a las drogas desde los 14 años. En cambio, Sansó le exigió continuar con la escuela y conseguir un trabajo. La medida quedó a cargo de las autoridades de la Dirección de Control y Asistencia Pospenitenciaria.
En este caso, la diferencia es que la medida se aplicó en un juzgado de Instrucción, que investiga delitos cometidos por mayores de 18 años y no está impregnado de una pretensión tutelar. El juez Caterina tuvo en cuenta la edad del implicado, que era la primera vez que cometía un delito y que había cursado hasta el octavo año de la antigua EGB.
En ese sistema, surgido de la Ley Federal de Educación, la instrucción era obligatoria hasta el noveno año. Desde diciembre de 2006, cuando se aprobó la Ley de Educación Nacional, se reinstauró la escuela primaria y la educación obligatoria se extendió hasta el fin del secundario. De modo que ésto es lo que deberá cumplir Ariel M. a partir de la decisión judicial. Por su edad, M. deberá cursar la secundaria en una escuela de educación media para adultos.
El episodio. El muchacho fue detenido el 9 de octubre pasado en Granadero Baigorria. Ese día, tres muchachos interceptaron a un joven que iba en auto y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle la mochila. El conductor se resistió. Hubo un forcejeo y logró escapar sin que le quitaran nada. El automovilista, Cristian P., de 24 años, hizo la denuncia en la comisaría 24ª. Los efectivos salieron a buscar a los asaltantes y en las inmediaciones del lugar del robo apresaron a M.
De acuerdo con el parte policial por el hecho, le secuestraron un revólver calibre 32 lechucero, descargado y sin el martillo percutor. El caso quedó caratulado como tentativa de robo calificado con un arma no apta para el disparo. En Tribunales, el joven se abstuvo de declarar. Luego el defensor oficial Oscar Loberse pidió su libertad. El juez Caterina se la otorgó, con el requisito de que vuelva a la escuela.
Fuente: La Capital