El centro de estudios de la CTA, que conduce el oficialista Hugo Yasky, coincidió con Hugo Moyano en reclamar una suba en el mínimo no imponible de Ganancias y en las asignaciones familiares, por el efecto de la inflación.
El centro de estudios de la CTA, que conduce el oficialista Hugo Yasky, reclamó un aumento en el mínimo no imponible de Ganancias y en las asignaciones familiares, por el efecto perjudicial de la inflación. El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), liderado por Eduardo Basualdo, dijo que «si bien el mínimo no imponible creció fuertemente en términos nominales, cuando se lo compara con la evolución de los salarios nominales (de trabajadores registrados) y con el índice de precios al consumidor) se aprecia un fuerte retraso desde 2008», según publicó el diario La Nación.
«Mientras el salario nominal se incrementó un 96,6% y el índice de precios al consumidor creció un 75,9%, el mínimo no imponible tuvo un aumento de sólo 44 por ciento», indicó el informe conocido ayer.
Cifra aclaró que para medir la inflación desde 2007 toma en cuenta la suba de precios del índice denominado IPC-7 provincias y no las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), sospechadas de manipulación.
Por esta razón, aunque desde 2001 a 2008 el crecimiento del salario fue mayor que el de la carga impositiva, «desde 2008 hasta 2011 el mínimo no imponible se actualizó en una proporción menor que el crecimiento de los salarios y del índice de precios al consumidor». Ante este escenario, ofreció dos escenarios de recomposición:
– Para recuperar los valores de 2008, debería actualizarse en un 22,2%, si se pretende mantener el poder adquisitivo de ese año.
– Si se actualizara sobre la base de la evolución de los salarios nominales de los trabajadores registrados, el alza debería ser del 36,5%.
En el mismo sentido, consideró que hay un retraso en la cobertura de las asignaciones familiares.
Las asignaciones otorgadas bajaron entre diciembre de 2008 y septiembre de 2011 «en un 17,6%, mientras que la cantidad de asalariados registrados se incrementó en el mismo período en un 7,8 por ciento», indicó el informe de la central alineada con el kirchnerismo.
En tanto, un informe de la consultora Economía & Regiones expresó que «replicando el aumento otorgado en 2010 y 2011 (20%), el costo fiscal alcanzaría los $ 3500 millones, de los cuales $ 1600 millones serían una pérdida afrontada por las provincias, incrementando en más de un 10% el déficit primario proyectado y ampliando sus necesidades financieras». Anteayer, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, adelantó que la medida se tomaría en julio, pero luego fue desmentida por el jefe de la cartera laboral.
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