El abogado Gregorio Dalbón, que representa en la Justicia a algunas víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, denunció hoy penalmente al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por supuesto «abuso de poder» e «incumplimiento de deberes de funcionario público».
La denuncia del letrado atribuyó al ministro la omisión de los controles que debía respetar, en función de los informes de los organismos públicos, entre ellos la Auditoría General de la Nación, sobre la falta de inversiones y el mal estado del servicio.
También atribuyó a De Vido «no haber ejecutado, de manera oportuna, las leyes cuyo cumplimiento le incumbieron, así como también se advierte que ha, ilegalmente, retardado el cumplimiento de los actos propios de su Ministerio».
Según el letrado, De Vido «se haya incurso en tal conducta en función de las expresiones vertidas al momento de dar a conocer públicamente los fundamentos de la rescisión de contrato de concesión del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros oportunamente suscripto a favor de TBA».
Y también presentó como prueba el texto del decreto que quitó la concesión de los ramales Sarmiento y Mitre a la compañía Trenes de Buenos Aires (TBA) en su denuncia, que recayó en el juzgado fedral número seis, a cargo del magistrado Rodolfo Canicoba Corral.
Para Dalbón, quien representa a 65 de los más de 700 heridos, «ls declaraciones del ministro De Vido nos hicieron dar cuenta de que, prácticamente, obró de vocero de TBA», acusó Dalbón en declaraciones a radio América.
También consideró que «se autoincrimina cuando dice que le quita la concesión (a la empresa de la familia Cirigliano) no por la tragedia del 22 de febrero sino por deficiencias en el sistema ferroviario» que depende de su ministerio.
Alertó que el ministro «no puede decir con tanta liviandad que (la medida) es porque no estaba bien el sistema ferroviario, que era por deficiencias, que la culpa es del concesionario, cuando, en realidad, el Estado, a través del propio De Vido, es el que debía controla».
«El Gobierno se empezó a abrir de TBA cuando se dio cuenta de que se vienen las declaraciones de los funcionarios Schiavi y Ricardo Jaime y, de alguna manera, quiere marcar una diferencia para tratar de obtener impunidad en la causa judicial», alertó.
En ese sentido, advirtió que «tampoco hay que olvidarse de (los subsecretarios de transporte ferroviario) Sícaro y Luna».
Por último, consideró que Mario y Claudio Cirigliano, dueños de la corporación COMETRANS, a cargo de TBA, el primo de los empresarios, Roque, alto ejecutivo de la ex concesionaria, y otros «directivos operativos» de esa empresa, puede acusárselos en la causa como «estrago doloso», pero luego de las indagatorias que deberán afrontar.
Hasta ahora dieciseis directivos de TBA han prestado declaración indagatoria y negaron cualquier responsabilidad en el siniestro culpando al maquinista de la formación, Marcos Antonio Córdoba, en base a pericias que señalarían que tres de cuatro frenos del tren estaban operativos.
El calendario de indagatorias prosigue con Antonio Cirigliano, directivo de Trenes de Buenos Aires (TBA), para el próximo viernes 1.
El lunes 4 el juez federal Claudio Bonadio -que acusó a 30 personas por este luctuoso episodio- interrogará al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) Pedro Ochoa, en tanto el miércoles de esa semana escuchará al actual funcionario de esa dependencia Antonio Sicaro y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna.
El turno reservado para Claudio Cirigliano, presidente de TBA, y del ex secretario de Transporte, Hugo Jaime, es el 8 de junio.
Juan Pablo Schiavi, hoy ex secretario de Transporte pero en funciones cuando ocurrió la tragedia, será indagado por Bonadio el 11.
Bonadio instruye una segunda causa en la que investiga si hubo negligencias en el operativo de rescate luego de que la víctima 51 de la tragedia, Lucas Menghini Rey, fuera encontrado dos días después dentro del tren, una vez que las autoridades dieron por concluidos los procedimientos.
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