Tras las nuevas revelaciones que lo vinculan a Alejandro Vandenbroele, la cara visible de la ex Ciccone Calcográfica, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, no piensa dar respuesta. Tranquilo, anticipa las valijas para acompañar a Cristina Fernández, este viernes, a Bariloche para el acto del 25 de mayo.
Después de que el fin de semana se conocieran nuevas revelaciones que lo vinculan a Alejandro Vandenbroele, el vicepresidente Amado Boudou se llamará a silencio hasta conocer los primeros pasos del juez Ariel Lijo, a cargo de las dos causas en las que se lo investiga: una, por supuesto tráfico de influencias para favorecer, como funcionario, el ingreso de los nuevos dueños de la imprenta, y la otra, en la que deberá probar que no se enriqueció de manera ilícita, por la que esta semana quedó imputado.
Boudou volvió el jueves al país después de tres días en Ginebra, Suiza, en los que representó a Cristina Fernández. Desde entonces mantuvo el perfil bajo y casi no tuvo actividades. Incluso quedó a cargo del Poder Ejecutivo hasta anteayer, que la Presidente regresó de su viaje a Angola. El vicepresidente se mantuvo sin hacer declaraciones.
Esta semana también tendrá poca exposición pública, y en su agenda sólo aparece un encuentro junto con la jefa del Estado. Estará el viernes próximo con la Presidente en Bariloche, donde se hará el tedeum y acto político por el 25 de Mayo. El domingo próximo, en tanto, Boudou partirá hacia Bolivia, para representar a Cristina en la asamblea anual de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el entorno del vicepresidente minimizan el impacto de las nuevas revelaciones en la causa, de las que surgieron los viajes pagados por la empresa que maneja Vandenbroele, The Old Fund, al hermano de Boudou, Juan, y a su socio comercial, José María Núñez Carmona.
«Eso lo saca a relucir el fiscal porque se quedó afuera», rezongan allegados a Boudou, cuando se les pide explicaciones de esos vínculos.
Cerca del vicepresidente sostienen como una consecuencia no querida del alejamiento del fiscal Carlos Rívolo, que decidió Lijo esta semana, las nuevas pruebas que se conocieron en los últimos días.
Por el momento, según informaron al diario ‘La Nación’, Boudou no tiene pensado repetir el contraataque que lanzó un día después de que el anterior juez de la causa, Daniel Rafecas, ordenara allanar el departamento que Boudou tiene alquilado en Puerto Madero. Entonces, el ex ministro de Economía pidió recusar al magistrado y cargó contra el ex procurador general Esteban Righi. Ambos fueron las primeras víctimas de la estrategia: Rafecas dejó la investigación, y Righi, su cargo. «No hay indicios por ahora de que haya ninguna maniobra», sostuvo una fuente cercana a Boudou, que no dejó de marcar el malestar del vice hacia Rívolo.
De todas maneras, el entorno del vicepresidente sostiene que está «de buen ánimo y tranquilo». Boudou estuvo afuera cuando se conoció no sólo la salida de Rívolo, sino también la nueva causa por supuesto enriquecimiento ilícito, por el que el fiscal Jorge Di Lello lo imputó el lunes.
Boudou había viajado ese mismo día hacia Ginebra.
A la par de la situación del vicepresidente, y en plena tensión política entre la Casa Rosada y el gobernador Daniel Scioli, embargaron los bienes de Ciccone por una deuda impositiva. La justicia bonaerense embargó los bienes de la familia Ciccone por casi $50 millones con el objetivo de cobrarle impuestos e intereses acumulados desde hace 18 años, según consta en el expediente judicial.
El juez en lo contencioso administrativo N° 3 de La Plata, Francisco Terrier, ordenó los embargos después de recibir el reclamo presentado por la Fiscalía de Estado, con cuatro notificaciones de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). La deuda es de $ 35,1 millones en concepto de capital por el impuesto a los ingresos brutos impagos entre 1994 y 2001, más otros $ 14 millones por intereses.
Los embargos apuntan directo a Nicolás Tadeo Ciccone, uno de los protagonistas del caso Ciccone, en el que está involucrado Boudou. Nicolás Ciccone es el referente histórico de la imprenta de valores más importante del país. Según declaró uno de sus yernos, Guillermo Reinwick (al que él califica de «traidor»), todavía retiene el 15% de la compañía.
Junto con él, la justicia bonaerense también dispuso embargar a su hija, Silvia Ciccone (dueña de otro 7,5% de las acciones); a su otro yerno, Pablo Amato, y a Francisco José Lago. Bienes de todos ellos fueron trabados y, en caso de no afrontar la deuda, podrían ser ejecutados, mediante remate público.
Terrier dio luz verde al reclamo del gobierno provincial sobre la base de la ley 13.406, «de procedimiento de apremio para el cobro judicial de créditos fiscales por tributos, sus accesorios y multas». Para eso, ordenó el inmediato libramiento de los oficios, que ya comenzaron su recorrido.
Sin embargo, la ofensiva contra los Ciccone excede la mera ejecución de impuestos y quedó envuelta en la disputa política entre el sciolismo y el kirchnerismo, que le adjudica un rol clave a la firma Boldt para motorizar el escándalo. Más aún, desde que el reclamo judicial -que ya cuenta con sentencia firme- se motorizó la semana en que la nueva Ciccone, bajo el control de Alejandro Vandenbroele, comenzó a fabricar las primeras partidas de billetes de 100 pesos, luego de que la Casa de Moneda la subcontrató para imprimir hasta 50.000 millones de pesos.
Vandenbroele y otros protagonistas del escándalo, sin embargo, quedaron fuera del juicio. En el caso del presunto «testaferro» del vicepresidente, porque no figura como accionista de la compañía, sino sólo como su presidente. Otros accionistas tampoco figuran, porque desembarcaron en la empresa luego de iniciado el reclamo judicial por el fisco bonaerense. Y, además, se ignoran quiénes son.
Hoy, el 30% de la nueva Ciccone quedó en manos de la familia, en tanto que el 70% restante se reparte por mitades entre Tierras Internacional Investments -un fondo holandés que figura como disuelto desde febrero de este año en el Registro de Comercio de Amsterdam-, y la sociedad uruguaya Dusbel, con acciones al portador.
«Para nosotros es indistinto quién sea el propietario: la empresa es la misma, no hay diferencia en este caso», afirmó el director ejecutivo de ARBA, Martín Di Bella. «Vamos contra la compañía, no contra la persona física. Para nosotros sigue siendo Ciccone, porque el CUIT sigue siendo el mismo», afirmó.
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