Bolivia está atascada tras siete semanas de huelgas y manifestaciones que a menudo terminan con hechos de violencia. Analistas y políticos coinciden en que el presidente se muestra incapaz de dar soluciones.
La Fundación Milenio, centro de estudios privado que analiza la crónica conflictividad boliviana, señaló que Evo Morales parece despreocupado por los conflictos porque cree que buena parte de quienes los protagonizan son aliados suyos y confía en que «no quieren derribarlo».
«Pero lo están inmovilizando y le impiden gobernar, además de afectar seriamente a los ciudadanos y dañar sus esfuerzos productivos», opina Milenio, y señala que en marzo registró 80 conflictos y en abril 100.
Al terminar este viernes tres días de huelga general, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, el minero Juan Carlos Trujillo, advirtió al presidente que si sigue sin dar respuesta a las demandas de los gremios, radicalizarán las protestas la próxima semana.
La huelga de la COB, uno de los mayores apoyos que ha perdido Morales desde que llegó al poder en 2006, tuvo escaso eco en los centros de trabajo, pues sólo fue total en hospitales estatales y universidades, pero fue reforzada por multitudinarias marchas y bloqueos de vías en varias regiones.
Trujillo calificó de éxito las movilizaciones de la COB y dijo que Morales «está en la obligación de responder favorablemente» a sus demandas, como un aumento salarial superior al 8% aprobado por el mandatario y la derogación del decreto que sube la jornada laboral de médicos y sanitarios de seis a ocho horas.
La COB anunció que la próxima semana tendrá una reunión de dirigentes en Oruro y podría decidir una huelga general «indefinida».
Además, el lunes y el martes los conductores y propietarios del transporte público paralizaron totalmente La Paz y la vecina ciudad de El Alto, y en menor medida otras poblaciones, contra una nueva ley de tráfico, y ante la falta de solución también amenazan con reanudar las protestas en los próximos días.
La marcha de indígenas de la Amazonía contra una carretera promovida por Morales y financiada por Brasil, proyectada para atravesar la reserva natural Tipnis, sigue avanzando hacia La Paz pese al hostigamiento del Gobierno y sus partidarios.
Una primera marcha contra esa carretera recorrió casi 600 kilómetros entre agosto y octubre pasados y logró superar las barricadas de fieles a Morales y la represión policial, que le costó el cargo a media docena de ministros, viceministros y mandos policiales.
Los indígenas fueron recibidos en La Paz triunfalmente y obligaron a Morales a dictar una ley que prohíbe cualquier vía en el Tipnis, pero el mandatario luego olvidó su palabra e intenta seguir las obras, que le han costado sus aureolas de ecologista e indigenista.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que los conflictos no tienen posibilidad de generar una crisis de gobernabilidad, en respuesta a los políticos, columnistas y analistas que opinan que ese riesgo es cada día mayor.
«Hay demandas sociales y actores políticos que quieren aprovecharse de esa situación. No diría que es desestabilizador, porque no tienen posibilidades de conducir a una crisis de gobernabilidad y menos a una crisis de Estado», dijo Romero.
La oficina de la ONU en Bolivia manifestó preocupación porque las protestas afectan «los derechos humanos de la población», e instó al Gobierno «a adoptar todas las medidas a su alcance para respetar, proteger y garantizar el disfrute de esos derechos».
«La protesta impulsada durante más de 40 días por los trabajadores del sector salud, sumada a las otras demandas de otros actores sociales, está causando un impacto significativo y preocupante sobre el derecho a la salud y (…) agrava las persistentes fallas estructurales del sistema», dice un comunicado de la oficina de Naciones Unidas.
Añade que el conflicto genera «protestas universitarias de apoyo muy violentas, con uso indiscriminado de dinamita, y ha dado lugar a prácticas por las cuales miembros del sector se auto-infligieron tratamientos físicos (crucifixión, sutura de la boca) equivalentes a malos tratos y torturas violatorias de la dignidad humana».
El populista y nacionalista Morales se limitó hoy a criticar a los dirigentes de la COB porque, dijo, defienden «privilegios». «¿Cómo una organización sindical, revolucionaria, que lleva al ‘Che’ (Guevara) en su pancarta, puede defender a un grupo de privilegiados?», dijo el gobernante.
Morales vive horas bajas de popularidad, que no frenó ni con la expropiación de una filial de una empresa eléctrica española el pasado 1 de mayo, cuando antes las nacionalizaciones le daban grandes réditos en las encuestas.
Decenas de manifestantes bloquearon este viernes en La Paz el acceso a la Vicepresidencia, tiraron globos de pintura contra su fachada y asediaron el ministerio de Salud, aunque no hubo choques violentos con la Policía, como en días previos.
Hubo también manifestaciones en Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz, y en las dos últimas, además, hubo bloqueos de las carreteras que las rodean, informaron medios de esas zonas.
Las vías que conducen a países vecinos como Brasil y Argentina han sido cerradas varias veces en las últimas semanas, mientras las asociaciones de empresarios se quejan de las multimillonarias pérdidas que les origina la falta de acción del Gobierno.
Fuente: EFE