Los empleados de la Aduana no verifican los despachos tras la detención de compañeros en la causa «Asado blanco». Los productores advierten que hay empleados suspendidos y atrasos en la cadena de pagos. Les prometieron una solución, pero no hay novedades.
Plantas cerradas, trabajadores suspendidos y toneladas de carbón listas para salir del país pero sin poder hacerlo. Ese es el panorama que describen los exportadores de carbón, cuya actividad está totalmente paralizada desde hace semanas a raíz de una particular protesta que realizan los empleados de Aduana como derivación de un caso de narcotráfico.
Los problemas, según describen despachantes, exportadores y productores, arrancaron mucho antes, tras el operativo denominado «asado blanco», que incluyó varias acciones. A principios de marzo, la policía portuguesa se incautó de casi 400 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de carbón; a mediados de ese mes, la Aduana secuestró 450 kilos más de droga en otro cargamento similar en Buenos Aires; y a fines de abril, y siguiendo las mismas pistas, fueron decomisados en Portugal otros 160 kilos de cocaína. En el marco de esos operativos, en la Argentina fueron detenidos algunos empleados de la Aduana, que fueron liberados esta semana; pero su detención llevó a que se paralizaran las exportaciones de carbón.
El carbón se exporta embolsado. Para poder exportarlo, los productores tienen que pasar por la verificación aduanera en depósitos fiscales o, mucho más comúnmente, en plantas propias. Aunque la mayor parte de las exportaciones sale de las provincias de Chaco y Santiago del Estero, muchas de las plantas están, por cuestiones logísticas, en Buenos Aires, adonde el carbón puede llegar fraccionado o para fraccionar antes de ser «consolidado».
Según exportadores y despachantes, ya tras los operativos policiales de marzo, la Aduana empezó a observar y cerrar la mayor parte de las plantas bonaerenses y nunca mandó a los inspectores que deberían verificar que se hubieran cumplido los reclamos técnicos para poder rehabilitarlas. Entonces, desde esas plantas ya no podían salir los envíos. En las plantas de la Provincia que no fueron cerradas o en otras del interior del país, en tanto, las inspecciones de Aduana se venían haciendo a un ritmo menor al normal. Así, desde mediados de marzo comenzaron a trabarse notoriamente las exportaciones.
Pero la situación terminó de complicarse hace más de dos semanas. A raíz de la detención de empleados aduaneros en el marco de los operativos del «asado blanco», el sindicato del sector (SUPARA) lanzó un paro solo para las operaciones de carbón. Según informó el mismo gremio en un comunicado, su comisión directiva resolvió el 25 de abril una «medida de acción directa consistente en no atender las operaciones de exportación de carbón» para «exigir a las autoridades la suspensión de las operaciones de exportación de carbón» y reclamar «la aplicación de la propuesta del SUPARA para control del narcotráfico». Esta semana, los trabajadores fueron liberados, pero aún no hay novedades sobre la medida de fuerza.
Los productores, exportadores y despachantes describen una situación desesperante, se quejan de la falta de respuestas de la Aduana y le enviaron a la directora general de Aduanas, María Siomara Ayerán, una carta en la que le piden una reunión urgente para solucionar los problemas. Hicieron gestiones por medio del gobierno de Chaco y también en el Ministerio de Trabajo de la Nación
«La firma involucrada en el narcotráfico llevaba funcionando solo cinco meses y le vendía a una empresa fantasma. Las que ahora tienen trabadas las exportaciones son empresas con más de dos décadas en el mercado y clientes a los que proveen desde hace años. Mientras se niegan a verificar el carbón, las plantas están suspendidas y los obreros también», aseguran desde las oficinas de un despachante vinculado al sector.
Según los exportadores, las trabas afectan a miles de familias de Chaco y Santiago del Estero. En declaraciones a Clarín.com, el presidente de la Asociación de Productores Forestales del Chaco, Javier Aguirre, advirtió: «Hay un atraso tremendo en la cadena de pagos y unos 900 trabajadores en peligro de cesantía, al margen de que hay involucrados unos 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos».
Según contó Aguirre, desde el Gobierno nacional les prometieron que hoy «iban a publicar una nueva normativa de AFIP» para la inspección de los despachos de carbón, que es lo que reclaman, también, en SUPARA. Sin embargo, la resolución no fue publicada aún en el Boletín Oficial y, por lo menos hasta este mediodía, no había ninguna novedad sobre el freno a las exportaciones.
clarin.com