DENUNCIA POR ENCUBRIMIENTO
Javier De Luca desarrolló sus argumentos en varios puntos para rechazar la imputación del fallecido fiscal del caso AMIA.
Con 14 palabras, el fiscal Javier De Luca, integrante de Justicia Legítima, la organización cercana al Gobierno, decidió hoy dar terminada la investigación de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
“Desisto fundadamente del recurso interpuesto por el colega que me antecediera en la etapa”, escribió el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, tal como se prevía, sobre el pedido de Germán Moldes de mantener la investigación abierta.
Pero en su dictamen, de 27 carillas, De Luca desarrolló 11 consideraciones para argumentar su rechazo a la denuncia. Leelas completas:
a). Las capturas nacionales e internacionales de los sospechosos las ordenó el juez de la causa, y no alguna otra autoridad.
b). Carece de relevancia típica si una de las razones del acuerdo fue el restablecimiento o intensificación de las relaciones comerciales o de otro tipo con la República Islámica de Irán.
c). No pueden ser considerados actos de conspiración las conductas denunciadas por el hecho de haberse llevado a cabo de manera reservada, porque por su propia naturaleza, las relaciones diplomáticas se llevan a cabo en la más estricta reserva,con lo cual, no es que no se dan a conocer por su objeto espurio, sino porque son reservadas.
d). Si una persona se presenta a derecho, cualquiera sea el mecanismo por el cual finalmente decidió hacerlo, la consecuencia inmediata de ello es que debe cesar su orden de captura y, en este caso, además, las alertas rojas. Ello sólo podría ocurrir una vez que se concretas en las audiencias donde los imputados declarasen ante el juez de la causa.
Si esto es así, resulta contradictorio con este dato sostener que elinterés iraní en el acuerdo había decaído y por eso no habían ratificado el acuerdo.La comunicación a Interpol de la celebración del acuerdo no tieneninguna relevancia en el proceso penal argentino y, además, no constituye unprocedimiento reglado por Interpol para hacer cesar las alertas rojas.
El procedimiento para las altas o bajas de Interpol no requiere de esa comunicación, es decir, esa comunicación no es idónea por sí misma para lograr la baja de las alertas.
La comunicación se inserta porque Interpol venía intermediando para la solución del conflicto por medio de la negociación (ver, por ejemplo, los comunicados oficiales deInterpol del 14/9/2009, 3/10/2009 y 10/3/2010).
No es la Argentina ni la República Islámica Irán por sí mismos, ni el acuerdo entre ambos países, los que podrán generar automáticamente la baja de las alertas rojas, de modo que, toda construcción argumental respecto de que ése era el nudo del acuerdo, se cae por su propio peso.
e). Si luego de ser indagados, al resolverse su situación procesal, los imputados vuelven a profugarse, su rebeldía y las capturas nacionales e internacionales, deberían volver a ordenarse por el juez de la causa, y ello dar lugar a la solicitud de instauración de las alertas rojas que habrían cesado con anterioridad. Es decir, todo volvería a empezar, porque no es posible en la Argentina juzgar en ausencia a nadie. De modo que el Memorándum y sus antecedentes no tienen mayor alcance que el de cualquier conducta procesal de cualquier procesado en cualquier causa de la Argentina.
f). La «Comisión de la Verdad» no tiene facultades jurisdiccionales, ni incidencia en la causa, más allá de una opinión que el juez puede considerar, por lo que no tiene ningún sentido argumentar sobre la base de que sus conclusiones estarían pre-arregladas para generar una hipótesis falsa.
g). Como se vio más arriba, no tiene ninguna relevancia considerar si se trata de actos preparatorios, de ejecución, o de consumación del delito de encubrimiento porque para ello previamente debería determinarse la presencia de todos los elementos objetivos de esa figura penal. Como expuse antes, esto no es así porque la supuesta «ayuda» no tiene el significado jurídico objetivo de facilitar la elusión de la justicia.
h). El caso no encaja en el grupo de investigaciones cuya clausura es considerada prematura, porque en autos lo que se pretende es la investigación de conductas que no constituyen delito alguno.
i). Tanto los fiscales que me anteceden como el voto de la disidencia, plantearon una falacia consistente en sostener que la hipótesis del denunciante puede dar lugar a un delito o puede dar lugar a un no delito, lo cual demanda investigación para su dilucidación. Lo que no dice este razonamiento es que la legitimación de una investigación para determinar si en una situación hubo o no delito no sólo depende, en algunos casos, de un asunto de prueba, sino que en todos los casos, es requisito necesario tener en claro cuál es el delito al que esa investigación refiere. Cuando se dice «quiero saber si se cometió tal o cual delito», en esa frase está implícita la información y no se discute que lo que se pretende demostrar que ocurrió efectivamente es un delito, lo cual como se vio no ocurre en el caso. Si se reciben denuncias del tipo «en la casa de al lado se trafican estupefacientes», o que «Fulano mató a Mengano», o de un robo de una cartera, etcétera, debemos investigarlas porque se parte de la base de que traficar estupefacientes, matar a otro, o robar, son delitos. Pero si la denuncia consiste en tratar de probar si Fulano es infiel a su mujer porque tiene manceba, esa investigación está vedada porque el adulterio no es más delito en la Argentina (ex artículo 118 CP).
En este caso, como ya se dijo, el supuesto intento de hacer caer las alertas rojas y la creación de una comisión que opinaría sobre el caso, no pueden constituir la base de un delito, porque no son la “ayuda” típica del art. 277 CP porque se inscriben en la competencia constitucional de los otros poderes del Estado, ajenas al Poder Judicial.
De conformidad con el principio de legalidad y los de reserva y lesividad (arts. 18 y 19 CN), nuestra ley exige que lo que se denuncie e investigue sean hechos que constituyan delitos y no cualquier hecho de la vida (artículos 174, 176, 183,188 CPPN, entre muchos otros). En tal armonía, el artículo 180 del CPPN dispone la desestimación de la denuncia y el 195 el rechazo del requerimiento de instrucción sólo se refiere a hechos que no sean delitos.
Por eso uno de los jueces de cámara explica que lo pretendido en el requerimiento de instrucción y la apelación es mantener vigente una investigación in eternum, no porque los hechos no se pudieran probar, sino porque lo que se pretende probar son hechos que no podrían configurar un delito.
j) En ese contexto se inscriben todas las medidas de prueba propuestas por el fiscal de primera instancia, y también las sugeridas por el juez de cámara que vota en disidencia. Son totalmente impertinentes porque su producción sólo nos conduciría al mismo punto en el que estamos hoy, a la confirmación de hipótesis no delictivas.
k). Finalmente, no es necesario tocar el agravio consistente en que se habrían valorado pruebas aportadas por la Procuración del Tesoro, porque para resolver el caso del modo en que aquí se ha razonado, no tienen ninguna relevancia.
El fiscal Javier De Luca ingresa a los tribunales federales de Retiro. (Pedro Lázaro Fernández)
clarin.com
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